El arma del suplicatorio

El pasado fin de semana, al término de la reunión Interparlamentaria del PP, celebrada en A Coruña, Alberto Núñez Feijóo anunció que su partido quiere reformar el mecanismo del suplicatorio en las Cortes para que ningún diputado o senador escape de la acción de la justicia por su cargo y que el procedimiento no sea sobreseído y archivado si el suplicatorio es denegado, como ocurre en la actualidad. Por supuesto, Feijóo tendrá que esperar a que su partido solo, o en compañía de la ultraderecha que es lo más probable, acceda a la presidencia del Gobierno y la mayoría parlamentaria le permita llevar a cabo esa iniciativa.

Se aprecia que la necesidad de esa reforma no parece muy acuciante, y más cuando un procesamiento, salvando la presunción de inocencia, viene acompañado de pruebas o indicios fundamentados que sustentan la concesión del suplicatorio

Ocurre que este tipo de promesas electorales ‘avant la lettre’ suelen ser de esas que se olvidan cuando llega el momento de materializarlas, bien porque se somete a una reflexión más amplia las palabras proferidas en un acto de partido, bien porque incluso desde su propia dirigencia se llame la atención, como la ley es igual para todos, que alguno de ellos pueda verse perjudicado con el cambio, porque la reforma no le beneficia. Si además se tiene en cuenta que en tan solo en una ocasión el Congreso ha denegado un suplicatorio pedido por el Tribunal Supremo -contra el ministro del Interior, José Barrionuevo-, se aprecia que la necesidad de esa reforma no parece muy acuciante, y más cuando un procesamiento, salvando la presunción de inocencia, viene acompañado de pruebas o indicios fundamentados que sustentan la concesión del suplicatorio.

La propuesta de Feijóo, y así lo explicó, no tiene otra finalidad inicial que la de evitar que Pedro Sánchez pueda ser exonerado cuando se vea incurso en algún procedimiento, lo que es una posibilidad cierta. Es muy probable que el texto de la querella se encuentre ya redactado por alguna de las asociaciones ultraderechistas que marcan la vida político-judicial, que tan solo esperan el momento oportuno, que no es el actual porque, en principio carecerían de la fuerza parlamentaria para sacar adelante el suplicatorio, y porque su mera presentación tendría un halo de persecución política, que podría despertar sospechas sobre la imparcialidad de la justicia e incluso dar pábulo a las acusaciones de lawfare, pero sin duda esperarían el momento propicio para que algún juez la diera vía libre y pidiera el suplicatorio, en el caso cierto también, de que Pedro Sánchez vuelva a contar con el acta de diputado de la oposición.

Lógico sería que los mismos cambios sobre el suplicatorio se adoptara por todas las asambleas autonómicas para los miembros de sus Ejecutivos y de sus parlamentarios, pero puestos a reformar la ley para que los políticos no cuenten con una salvaguarda especial, Feijóo podría haber propuesto algo más comprensible, y más eficaz para reforzar la igualdad de los españoles ante la ley que tanto le preocupa, acabar con los aforamientos en distinto grado de decenas de miles de personas y dejarlos circunscritos al desempeño de sus funciones, como ocurre en el caso de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El aforamiento suele ser beneficioso para quienes se ven procesados, pero es también un arma de doble filo como ha comprobado el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, que desatendió la recomendación de su primer abogado defensor para que dejara el acta y la instrucción volviera a otros juzgados, y su caso se dilatara en el tiempo, mientras que al no hacerlo será juzgado por el Supremo que tiene la agenda más despejada.