El ático de Ayuso

La compra de un ático en Madrid para residencia oficial de la presidenta Ayuso, ahora, de la Comunidad de Madrid se ha convertido en auténtico caso de Estado para el Gobierno de España, sus socios y sus medios de comunicación. Pedro Sánchez menciona esta compra en las cumbres internacionales cuando se ve acosado por preguntas sobre su situación judicial. Sale con frecuencia en las Cortes españolas mencionado por casi todos los ministros y los portavoces del frente sanchista los como si de un conflicto bélico se tratase. Esta en boca de los Óscar, Óscar López y Óscar Puente, cuando tienen que hablar de cualquier cosa, conflicto o fechoría gubernamental. Es el comodín de todas las intervenciones de los ministros, incluso de los más desconocidos del inmenso equipo gubernamental.

El ático de Ayuso sale en todas las ruedas de prensa en las que participa la presidenta de Madrid. Es la pregunta obligada en todas las entrevistas que concede a las televisiones. Y uno se pregunta qué se puede descubrir con tanta insistencia. Uno espera encontrar una compra fraudulenta; espera ver la sospecha de comisiones desproporcionadas y suculentas; aguarda indicios de una sobrevaloración del inmueble para quedarse alguien con una mordida considerable que incrementase el patrimonio personal de la presidenta o de su partido político.

Sorprendentemente no hay nada de eso en las acusaciones. Incluso se han presentado querellas ante la justicia por una cuestión jurídicamente flipante: por las intenciones de la presidenta para comprar el ático; que si está delante del piso heredado de su madre; si quiere vivir allí a todo lujo; que si quiere poner oficinas donde solo puede haber viviendas cometiendo una irregularidad urbanística. Un sinfín de acusaciones inconcretas ante una compra realizada por la empresa pública de la Comunidad de Madrid competente, con todos los expedientes necesarios cumplidos, como no puede ser de otra manera en la Administración pública. Y así lo han visto los tribunales de justicia que archivan sistemáticamente las denuncias.

Otros casos

En realidad, el problema que se pone sobre la mesa con el famoso ático de Ayuso es si un presidente autonómico tiene derecho o debe invertir más de 6 millones de euros en una residencia oficial. La mejor manera de dirimir este interrogante es acudir a la costumbre habitual en la España autonómica. Y nos encontramos con que, en el País Vasco, el palacete de Ajuria Enea tuvo siempre residencia para el presidente o lehendakari, y que ha sido ampliado recientemente por un coste de casi 6 millones de euros. En Cataluña, el honorable también tiene residencia oficial en la sede de la Generalitat. Galicia tiene una sede para el presidente que costó en su momento unos 10 millones de euros. También cuentan con residencia oficial para los presidentes, las sedes de Extremadura, Andalucía y Castilla-León. Por otra parte, hay comunidades autónomas que tienen sede representativa en Madrid, con residencia para autoridades, con unos costes muy superiores al intento de residencia oficial de la presidenta de la Comunidad madrileña. Cataluña se gasta 65.000 euros al mes en su representación, e intenta comprarla por un precio superior a 30 millones de euros, sin conseguirlo, de momento. Galicia compró un palacete por más de 10 millones de euros con posibilidad de residencia de autoridades. El País Vasco no da información de los costes de su representación en Madrid.

Todos estos datos muestran que la compra del ático de Ayuso en Madrid, por algo más de seis millones de euros, resulta muy austero al lado de las viviendas de los presidentes de otras comunidades autónomas y de sus representaciones en Madrid.

Los desahucios de Sánchez

El desahucio de Maricarmen, de 87 años, ha vuelto a poner sobre la mesa el drama de las personas que pierden sus viviendas por falta del pago de sus obligaciones. Fue un desalojo con toda la legalidad que se deriva de un acto judicial. Ha sido objeto de protestas por parte de los grupos antisistema. Les ha servido para motivarse nuevamente para salir a las calles después de años en latencia. Pero también le ha servido a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España desde hace 8 años, para declarar culpable a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso de todos los desahucios del país.

Se olvidó Pedro Sánchez de que él había prometido acabar con los desahucios en España si llegaba al poder. No habría un sólo desahucio, decía. Las redes sociales, las hemerotecas, las televisiones no gubernamentales se lo han recordado estos días. No podía ser de otra manera ante sus respuestas, admitiendo su irresponsabilidad en los asuntos de España. Sus socios de Gobierno, especialmente Sumar, le han echado en cara la falta de compromiso con el pacto de investidura.

Al final, Sánchez se estrella una vez más contra los datos: sólo en el primer trimestre de este año se produjeron 4.005 desahucios, sin que el Gobierno hiciese nada, sin que los antisistema se hayan manifestado ni organizado sentadas, sin que nadie llore ni se emocione por los miles de familias con sus hijos, afectadas por el drama de perder su vivienda. Porque allí no están las cámaras, ni los ministros, ni Sumar, ni las promesas de Sánchez.