Ayuso por fin se ocupa de Madrid

En esta ocasión la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no es noticia por sus continuos enfrentamientos con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez o por sus diatribas, muchas de carácter chulesco, con las portavoces de la oposición en la Asamblea de Madrid. Ahora lo es por una cuestión que suele estar ajena en sus intervenciones parlamentarias o en sus apariciones públicas, por los problemas de gestión en una de sus consejerías, donde se ha producido el cese del consejero de Educación, Emilio Viciana, a la que siguieron la dimisión de otros dos altos cargos de su departamento y tres portavoces en distintas comisiones de la Asamblea, todo ellos formaban parte de un grupo denominado despectivamente por la vieja guardia del PP madrileño como “los Pocholos”, todos con alta formación pero con escaso bagaje de gestión política.

La causa oficial de la destitución es el fracaso de Viciana para sacar adelante la Ley de Educación Superior de la Comunidad de Madrid, que ha tenido una fuerte contestación por parte de los seis rectores de las universidades públicas madrileñas que están sometidas a una asfixia económica que es insostenible para la Complutense y la rey Juan Carlos, que va unida a la proliferación de las universidades privadas, los denominados “chiringuitos universitarios” que florecen en Madrid. La ley, que además contenía unos artículos dedicados a laminar la capacidad de protesta de los universitarios, tendrá que comenzar a debatirse de nuevo en esta ocasión de la mano de la nueva consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, del ala dura del PP madrileño. La comunidad autónoma que presume de tener el mejor desempeño económico, que se caracteriza por el dumping fiscal a base de recorte de impuestos, invierte un 20% menos de la media en la educación superior y las matrículas en sus universidades públicas se encuentran entre las tres más caras de toda España.

Ahora lo es por una cuestión que suele estar ajena en sus intervenciones parlamentarias o en sus apariciones públicas, por los problemas de gestión en una de sus consejerías.

Pero además del desencanto con el desempeño del consejero de Educación y su enfrentamiento con los rectores está el envío a la fiscalía de la denuncia por el “caso FP”, el troceamiento de contratos para la construcción de centros de esta formación para no pasar por el proceso de contratación que necesitan unas obras de esta características, y a lo que se suman las subvenciones directas que ha recibido Antonio Castillo Algarra -“Rasputin” según sus adversarios- que ha sido otro de los consejeros áulicos de Isabel Díaz Ayuso y de cuya academia de preparación de oposiciones y de artes escénicas salieron “los Pocholos” incardinados en el poder político madrileño.

Por tanto problemas de gestión de los que Díaz Ayuso nunca habla, problemas de contratación que están bajo instrucción judicial y una ruptura en el seno del PP madrileño a lo que hay que añadir que las críticas hacia las formas y las actuaciones de la presidenta madrileña son cada vez más notorias en el resto de las comunidades autónomas, mientras que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo mantiene su apoyo incondicional a Ayuso pese a que cada vez es más un verso suelto que no duda en poner en apuros al jefe de su formación. Siempre que puede.

Y se reaviva el caso judicial de su novio, que pretende que la justicia sobresea su causa por presunto delito fiscal sobre la base de la sentencia contra el fiscal general del Estado y la revelación de su secreto a voces, y pese a que esa sentencia desvinculó uno y otro asunto.