Bochorno coreano

Desde que a principios de diciembre del pasado año el depuesto presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, decretara durante unas horas la ley marcial en todo el país, todo lo que ha ocurrido en el país asiático, una de las democracias más consolidadas del aérea, ha sido un despropósito que el viernes añadió un nuevo episodio inimaginable apenas hace una semana, cuando agentes de la Oficina Antiocorrupción con una orden judicial para detener al que fuera principal mandatario del país no pudo ser ejecutada porque la comitiva fue detenida por la guardia de seguridad presidencial y que previamente tuvo que atravesar una concentración de un millar de partidarios de Yoon.

Los fiscales y policías que trataron de entrar en la residencia presidencial tuvieron que abandonar su propósito dado que contaban con una fuerza menor que la que defendía al presidente depuesto. La orden de detención por abuso de poder e insurrección es la consecuencia de su destitución en una segunda votación de “impeachment”, en la que votaron a favor incluso numerosos diputados de su partido, el conservador PPP, que unieron sus votos a los diputados del Partido Liberal.

El tercer presidente en un mes, el actual ministro de Finanzas, Choi Sang-mok, sí se dio prisa en cubrir dos de las vacantes para evitar ser sometido a un nuevo proceso de destitución

Para completar todas las anomalías que se han producido en el último mes en Corea del Sur, su sustituto, el primer ministro Han Duck-soo, también fue depuesto el 27 de diciembre en otra moción de censura, por uno de los motivos por los que cayó Yoon, la negativa a nombrar a tres jueces del Tribunal Constitucional que han de conformar la plantilla del alto tribunal que tiene que decidir sobre su destitución por su decisión de instaurar la ley marcial. El tercer presidente en un mes, el actual ministro de Finanzas, Choi Sang-mok, sí se dio prisa en cubrir dos de las vacantes para evitar ser sometido a un nuevo proceso de destitución. De hecho, el Tribunal Constitucional ha señalado el 14 de enero como la fecha en la que procederá a estudiar el caso de Yoon cuyos presuntos delitos pueden ser objeto de una condena a cadena perpetua e incluso están castigados con la pena de muerte. La orden de detención contra Yoon fue dictada el pasado martes por un tribunal de Seúl y desde ese momento sus abogados comenzaron una campaña contra la decisión judicial que han considerado ilegal y que ha ido acompañada de un mensaje del propio Yoon en el que advertía de que Corea del Sur se encontraba en peligro “debido a fuerzas internas y externas que infringen nuestra soberanía y a las actividades de grupos antiestatales”. Unas consideraciones que han bastado para que grupos de ultranacionalistas de su propio partido y de ultraderecha se hayan activado en defensa del presidente depuesto mientras que la oposición ha respondido considerándolo como una incitación al levantamiento.