Callar no es una opción

Decir que “más dinero para Cataluña supone forzosamente menos para el resto de las comunidades autónomas” no es una consigna ideológica ni una provocación interesada, sino una evidencia incuestionable. El Estado no dispone de una hucha ilimitada ni de recursos mágicos que aparezcan por arte de negociación política. El sistema de financiación autonómica se basa en un reparto de fondos comunes, procedentes del esfuerzo fiscal de todos los ciudadanos, vivan donde vivan. Por tanto, cada euro adicional asignado a una comunidad concreta implica, necesariamente, un euro menos para el conjunto de las demás.

Este hecho, tan simple como contundente, parece diluirse cuando entra en juego la aritmética parlamentaria. Cataluña, convertida desde hace años en pieza clave para la estabilidad de los gobiernos centrales, ha pasado a disfrutar de un trato preferente que no responde a criterios técnicos ni de justicia distributiva, sino a la pura necesidad política. No se financian necesidades objetivas; se compran apoyos. Y ese es un precio que acaba pagando el resto del país.

Galicia conoce bien las consecuencias de este tipo de decisiones. Somos una comunidad envejecida, con una población dispersa, con graves problemas de despoblación en amplias zonas del territorio y con carencias históricas en infraestructuras y servicios. Precisamente por ello, el sistema de financiación debería corregir desigualdades, no agravarlas. Sin embargo, cuando se premia a quien más presiona y se castiga a quien cumple y guarda silencio, el resultado es profundamente injusto.

Por eso resulta especialmente hiriente que este tipo de acuerdos sean respaldados por diputados y senadores gallegos. Representantes elegidos para defender los intereses de nuestra tierra avalan decisiones que, en la práctica, reducen los recursos disponibles para Galicia. ¿Puede llamarse a eso responsabilidad política? ¿O es, más bien, una renuncia consciente a ejercer la función para la que fueron elegidos?

La solidaridad interterritorial no puede ser una obligación perpetua para unos y un privilegio negociable para otros. No puede exigirse sacrificio a comunidades con menos renta, más envejecimiento y mayores costes de prestación de servicios, mientras se concede trato de favor a quienes utilizan su peso político como herramienta de presión. La igualdad entre españoles no puede depender del número de escaños que un territorio aporte a la gobernabilidad de turno.

Este modelo de financiación asimétrica y negociada erosiona la cohesión del Estado y alimenta el desencanto ciudadano. Transmite un mensaje peligroso: que la lealtad institucional no se recompensa y que la deslealtad, en cambio, sale rentable. Que cumplir las reglas es de ingenuos y que romperlas es un buen negocio.

Como gallego, siento vergüenza de ver cómo decisiones que perjudican claramente a nuestra comunidad son aceptadas, cuando no defendidas, por quienes deberían alzar la voz en su nombre. No se trata de enfrentar territorios ni de cuestionar la convivencia, sino de exigir equidad, transparencia y respeto. Porque un país que reparte injustamente sus recursos no solo empobrece a algunas comunidades: se empobrece a sí mismo.

Frente a esa realidad, el silencio no es neutral. El silencio también es complicidad.

Y ante eso, callar no es una opción.