El comercio de Ourense, vanguardia contra las falsificaciones

HISTORIAS DE UN SENTIMENTAL

Publicado: 17 nov 2026 - 05:10

No siempre con el apoyo del Ayuntamiento y pese a ello, el pequeño comercio ourensano se viene distinguiendo en los últimos años en defensa de su medio de vida frente al fenómeno de la venta ambulante de productos falsificados. Es asunto muy complejo. Los manteros afirman que no tienen otro medio para sobrevivir. Las ventas de productos falsificados que ocupa amplios espacios urbanos en nuestras ciudades reflejan dos aspectos de mismo problema. El partido Podemos llegó a proponer legalizar la venta de productos falsificados como medio de vida de manteros extranjeros. Según datos del Ministerio del Interior, al año se incautan en España del orden de los 10 millones de objetos falsificados, valorados en unos 700 millones de euros, pero se reconoce que apenas representa una mínima parte del negocio de la falsificación industrial. La otra parte es la falta de alternativa para los manteros extranjeros que no tienen otro medio para ganarse la vida.

Determinados productos de origen chino siguen sin cumplir los estándares de calidad que exige la Unión Europea y el conjunto de normas de protección de los consumidores. Según datos de la Asociación Mundial de Consumidores (WCO), el mercado de las copias, sólo de la moda y sus complementos mueve unos 600.000 millones de euros al año. Si bien, las factorías que proveen ese mercado se localizan también en otros lugares del mundo, como Portugal o la misma España, como de vez en cuando se descubre por aquí. A veces, la mercancía llega bajo falsos manifiestos a grandes puertos de Europa y es distribuida posteriormente a los mercados elegidos. La mayor parte de los productos intervenidos se localiza en naves industriales, fábricas y almacenes. Pueden hacer escala en Francia, Reino Unido u Holanda. Del total de productos aprehendidos, siete de cada diez están protegidos por propiedad industrial y/o intelectual: juguetes, electrónica, textil, calzado, complementos, cosméticos o relojes. Pero pese a los esfuerzos del pequeño comercio ourensano, el problema sigue.

La venta callejera, creciente en nuestras ciudades, es apenas un aspecto de un problema de subsistencia sin otra alternativa

Hay falsificaciones especialmente peligrosas, como la de juguetes. Pero la más común se centra en ropa de marca y productos audiovisuales. El Instituto Galego de Consumo tiene un museo de los horrores, de objetos retirados de los lugares de venta. Los plásticos quebradizos de algunas piezas de juguetes se convierten en armas mortales, y las pinturas y recubrimientos contienen puro veneno que, dada la tendencia de los bebés de llevar todo a la boca, pueden producirles. España, como signataria de los acuerdos internacionales que combaten la piratería está obligada a perseguir estos negocios ilegales, lo que obligó en su día a cerrar el tradicional mercado vigués de “La Piedra”, tolerado y famoso por diversas labores y géneros de contrabando, sobre todo tabaco.

La venta callejera, creciente en nuestras ciudades, es apenas un aspecto de un problema de subsistencia sin otra alternativa, salvo algunos casos de quienes venden artesanía personal o de origen de sus culturas. Pero las falsificaciones son un delito contra la propiedad industrial e intelectual. Según datos de la Cámara de Comercio de Madrid y la Asociación Nacional de Defensa de la Marca (Andema), uno de cada seis consumidores españoles admite comprar falsificaciones a pesar de conocer que lo que adquieren no es auténtico. En otros países se sanciona por igual al que compra como al que vende. Más que perseguir a los vendedores se ha pensado que es más eficiente ir contra los compradores, como hace Francia.

Pese a ello, para muchos es aún más atractivo con sumir productos falsificados cuyo precio es hasta diez veces menor que el original, si tienen la misma apariencia o suenan igual. En el gigante oriental se producen industrialmente falsificaciones y réplicas de todo tipo de productos que se venden en nuestras calles. Esto provoca una competencia que acaba con muchos pequeños negocios y tiendas legales, por lo general de autónomos, que pagan impuestos, la seguridad social, el impuesto de radicación y las tasas municipales.

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