Julián Pardinas Sanz
Violencia de género: ideología y realidad
Me aterra escuchar a determinadas personas cuestionar, cuando no despreciar abiertamente, la necesaria lucha contra la violencia de género. Me preocupa su discurso, pero todavía me preocupa más lo que revela: el desconocimiento de una realidad que algunos parecen empeñados en negar, quizá porque les resulta incómoda o porque han decidido anteponer sus prejuicios a los hechos.
¿De verdad creen que el machismo ha desaparecido de nuestra sociedad? ¿Piensan que la igualdad entre hombres y mujeres es ya una conquista definitiva y que, por tanto, podemos permitirnos bajar la guardia? ¿Han olvidado que detrás de cada estadística hay una mujer que sufre, una familia destrozada y, demasiadas veces, una vida arrebatada?
A quienes niegan esta realidad les haría una propuesta muy sencilla. Que dediquen una mañana a acompañar a un fiscal especializado en violencia de género en su trabajo. O que se sienten en la sala de un juzgado de lo penal y asistan, con la atención y el respeto debidos, a la celebración de varios juicios. Que escuchen los testimonios, que observen el sufrimiento de las víctimas y que conozcan, aunque solo sea por unas horas, la realidad a la que se enfrentan quienes trabajan cada día para combatir esta lacra. Estoy convencido de que muchos cambiarían de opinión. Porque una cosa es discutir sobre conceptos, eslóganes o planteamientos ideológicos desde la comodidad de una tertulia y otra muy distinta enfrentarse a la realidad de los hechos, escuchar a quienes han sufrido maltrato y comprender hasta qué punto la violencia puede destruir la vida de una persona.
Después de tantos años en los tribunales, hay algo que tengo muy claro: la realidad siempre termina imponiéndose a los discursos
No hablo desde la teoría. He dedicado 45 años de mi vida a la Administración de Justicia y sé que el Derecho debe aplicarse con rigor, que toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia y que las garantías procesales son irrenunciables. Precisamente por eso sé también que proteger a las víctimas y garantizar los derechos de los acusados no son objetivos incompatibles. Una sociedad democrática debe ser capaz de hacer ambas cosas.
Tampoco podemos ignorar que la desigualdad y determinadas situaciones de vulnerabilidad exigen respuestas específicas. La discriminación positiva que establece nuestro ordenamiento jurídico no debe interpretarse como un privilegio arbitrario, sino como un instrumento destinado a corregir desigualdades reales y ofrecer una protección adecuada allí donde resulta necesaria. Su aplicación debe respetar siempre la Constitución y las garantías de todos los ciudadanos, pero su existencia no puede rechazarse mediante consignas o prejuicios.
Por supuesto que las leyes pueden mejorarse. Por supuesto que toda medida pública debe someterse a la crítica y al análisis. Pero una cosa es debatir sobre la eficacia de una norma y otra muy distinta negar el problema que pretende combatir. No, el machismo no ha desaparecido. No, la violencia contra las mujeres no es una invención ni una cuestión que podamos despachar con una frase ingeniosa. Y no, defender a las víctimas no debería ser patrimonio de ninguna ideología, sino una obligación moral de cualquier persona que crea en la dignidad humana y en la justicia.
Después de tantos años en los tribunales, hay algo que tengo muy claro: la realidad siempre termina imponiéndose a los discursos. Y cuando esa realidad tiene rostro de mujer maltratada, de madre amenazada o de víctima que necesita protección, nuestra obligación no es mirar hacia otro lado, sino actuar.
Antes de negar la violencia de género, convendría conocerla. Antes de cuestionar la protección de sus víctimas, convendría escucharlas. Y antes de convertir su sufrimiento en una discusión ideológica, deberíamos recordar que estamos hablando de personas, de derechos fundamentales y, en demasiadas ocasiones, de vidas humanas. Hay causas que merecen algo más que una consigna. Esta es una de ellas.
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