Sin construir más viviendas no las habrá

Encontrar una vivienda asequible se ha convertido en uno de los mayores desafíos sociales y económicos de la España contemporánea. Lo que durante décadas fue sinónimo de estabilidad –tener un techo propio– se ha transformado en un sueño cada vez más lejano para millones de ciudadanos. Jóvenes que no pueden emanciparse, migrantes atrapados en la precariedad y familias que destinan más del 40% de sus ingresos al alquiler componen el rostro humano de una crisis que se extiende silenciosamente desde hace más de una década.

España ha pasado del exceso a la carencia. De levantar 600.000 viviendas al año antes del estallido de la burbuja de 2008, se ha caído a unas 90.000 anuales. La construcción no solo no acompaña la formación de nuevos hogares, sino que se ha quedado muy por detrás de sus necesidades reales. En cuatro décadas, las viviendas de protección oficial (VPO) han pasado de representar el 60% de los nuevos inmuebles al 20%, y hoy apenas alcanzan un simbólico 3%. Ese desplome ha dejado el terreno libre al mercado, que actúa con lógica especulativa más que social, convirtiendo el derecho a la vivienda en un bien de lujo.

España construye hoy seis veces menos viviendas que antes de la crisis de 2008 y apenas un 3% son de protección: toca construir más

Los diagnósticos se acumulan. Desde el Consejo Superior de Arquitectos hasta las ONG especializadas en exclusión residencial coinciden en una idea: la vivienda en España ha dejado de ser un bien de uso para convertirse en un bien de inversión. La especulación del suelo, sumada a la falta de políticas públicas de largo alcance, han provocado una fractura profunda entre quienes pueden comprar o heredar y quienes solo pueden alquilar a precios abusivos.

Pero hay movimientos, tímidos aún, que invitan a la esperanza. En Bruselas, por presión de España y de alcaldes europeos de grandes urbes como París o Roma, el Consejo Europeo empieza a considerar la creación de una línea presupuestaria específica para vivienda social. El Parlamento Europeo trabaja en una propuesta que, aunque confía demasiado en el mercado, reabre el debate sobre la intervención pública. La Comisión Europea, por su parte, tantea la posibilidad de implicar al Banco Europeo de Inversiones para financiar nuevos proyectos de vivienda asequible.

El Gobierno acelera la negociación del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que aspira a ser un punto de inflexión. La ministra Isabel Rodríguez ha prometido triplicar la inversión en VPO hasta alcanzar los 7.000 millones de euros, con la condición de que las comunidades autónomas igualen esa cifra y blinden el parque público “para siempre”. La reacción de las autonomías, especialmente las gobernadas por el PP, es desigual: algunas prefieren confiar en el mercado libre antes que comprometerse con la vivienda social.

La vivienda no es solo un bien económico: es el espacio donde se arraiga la vida, por lo que España necesita un nuevo pacto por la vivienda. No un acuerdo retórico, sino un compromiso sostenido entre administraciones, promotores y sociedad civil para recuperar el sentido de la vivienda como derecho y no como mercancía. El modelo mixto –que combine la inversión pública, la iniciativa privada y un parque protegido estable– es la vía más realista y justa. Pero el contexto económico complica la ecuación. La inflación, los tipos de interés y la falta de suelo urbanizable tensionan los precios de compraventa y alquiler. Sea como sea, sin construir más viviendas no las habrá.

@J_L_Gomez