Controlar el Estado desde la corrupción y la impunidad

Hay ideas que, por incómodas, conviene examinar con detenimiento. Una de ellas es la que sostiene que el control del Estado puede llegar a ejercerse, no a pesar de la corrupción y la impunidad, sino precisamente gracias a ellas. No se trataría de una desviación accidental del sistema, sino de una herramienta para conservar el poder, orientar voluntades y consolidar redes de dependencia. En una democracia sana, las instituciones están diseñadas para limitar el poder. La separación de poderes, la independencia judicial, los órganos de control, la libertad de prensa y la rendición de cuentas existen para impedir que quien gobierna pueda actuar sin límites, es decir, aplicar en su máxima expresión el concepto de gobernanza. Sin embargo, cuando la corrupción se convierte en una práctica estructural, esos contrapesos comienzan a deteriorarse. El objetivo ya no es servir al interés general, sino preservar una estructura de poder que se alimenta de favores, silencios y lealtades compradas.

La corrupción tiene una característica especialmente peligrosa: genera dependencia. Quien participa de ella queda atrapado en una red de intereses compartidos. El nombramiento irregular, la adjudicación discrecional, el trato de favor o el uso partidista de los recursos públicos crean vínculos que sustituyen el mérito por la obediencia. Poco a poco, la Administración deja de funcionar como una institución al servicio de los ciudadanos para convertirse en un instrumento al servicio de quienes controlan esas redes. La impunidad es el complemento indispensable de ese proceso. Sin impunidad, la corrupción es un riesgo; con impunidad, se transforma en un método de gobierno. Cuando las consecuencias desaparecen, las conductas irregulares dejan de ser excepcionales para convertirse en habituales. La ausencia de responsabilidades políticas, la lentitud de los procedimientos judiciales, la falta de transparencia o la protección mutua entre quienes comparten intereses crean un ecosistema en el que la corrupción puede prosperar sin apenas coste.

Los ciudadanos observan que las normas no se aplican por igual, que las responsabilidades son selectivas y que la cercanía al poder proporciona ventajas que el esfuerzo y el mérito no garantizan.

Lo más preocupante es que este fenómeno no siempre se presenta de forma evidente. No suele aparecer mediante golpes de Estado ni mediante la suspensión formal de las libertades. Se manifiesta de manera gradual. Primero se normalizan comportamientos que antes provocaban escándalo. Después se desacredita a quienes denuncian las irregularidades. Más tarde se colonizan organismos de control y se convierte la crítica en una supuesta amenaza política. Finalmente, una parte de la sociedad termina aceptando como inevitable aquello que debería resultar absolutamente intolerable. La corrupción sostenida produce además un profundo deterioro moral. Los ciudadanos observan que las normas no se aplican por igual, que las responsabilidades son selectivas y que la cercanía al poder proporciona ventajas que el esfuerzo y el mérito no garantizan. Cuando esta percepción se generaliza, la confianza en las instituciones se erosiona y el cinismo se extiende. La sociedad comienza a asumir que las reglas son una ficción y que el éxito depende más de las conexiones con el poder que de la capacidad.

Desde el punto de vista económico, las consecuencias también son devastadoras. Los recursos públicos dejan de dirigirse hacia las prioridades colectivas y pasan a responder a intereses particulares. Las inversiones necesarias y productivas se distorsionan, la competencia se debilita y la eficiencia desaparece. La corrupción actúa como un impuesto oculto que pagan todos los ciudadanos y cuyos beneficios quedan concentrados en una minoría privilegiada.

Sin embargo, el mayor daño es probablemente político. Una democracia plena puede soportar errores de gestión, crisis económicas, sanitarias, medioambientales o cambios de gobierno. Lo que difícilmente puede soportar es la pérdida de credibilidad de sus instituciones. Cuando una parte significativa de la población concluye que el poder está protegido frente a cualquier responsabilidad, surge la desafección, aumenta la polarización y se debilita el compromiso cívico. La democracia deja entonces de percibirse como un sistema de igualdad ante la ley para convertirse en un escenario donde unos pocos juegan con ventaja.

Por ello, combatir la corrupción no es únicamente una cuestión jurídica. Es una exigencia moral y democrática. Significa defender la igualdad de todos ante la ley, garantizar la independencia de las instituciones y recordar que el poder público no pertenece a quienes lo ejercen temporalmente, sino a los ciudadanos.

Controlar el Estado desde la corrupción y la impunidad constituye una de las formas más sofisticadas de degradación democrática. No destruye las instituciones de manera inmediata; las vacía lentamente de contenido. Mantiene las apariencias mientras erosiona profundamente los principios. Y precisamente por eso resulta tan peligroso: porque cuando la sociedad descubre la magnitud del deterioro, gran parte del daño ya está hecho.

La verdadera fortaleza de una democracia no se mide por la ausencia de corruptos, sino garantizando la gobernanza y su capacidad para impedir que la corrupción se convierta en una forma de gobierno y que la impunidad llegue a ser una política de Estado.