El cuento chino sobre Taiwán

La posición de la República Popular China sobre Taiwán suele presentarse como una verdad jurídica cerrada: la isla es parte de China y la llamada “reunificación” es un objetivo legítimo, punto. Pero los argumentos jurídicos del régimen chino son debilísimos y muy fáciles de refutar. Su construcción descansa sobre una interpretación abusiva del derecho internacional. Taiwán no es una provincia rebelde de la República Popular China. Esa feroz dictadura jamás ha ejercido soberanía alguna sobre la hoy conocida como isla democrática. La República Popular China fue proclamada el 1 de octubre de 1949. Desde entonces, Beijing no ha gobernado Taiwán ni un solo día. La isla quedó bajo el control de la República de China, que había sido fundada en 1912 y que, tras la guerra civil china, se mantuvo libre en Taiwán. El régimen totalitario de China continental impulsó la cuestión como una disputa de representación entre los dos gobiernos que afirmaban hablar en nombre de China. Eso no autoriza a Beijing a transformarla en un caso de reclamación sobre una sociedad que nunca ha estado sometida a su jurisdicción. La propaganda china invoca con frecuencia la Declaración de El Cairo de 1943 y la Proclamación de Potsdam de 1945. Pero no fueron tratados de cesión territorial ordenadores del estatuto jurídico posterior. El dato decisivo llegó con el Tratado de San Francisco de 1951, en vigor desde 1952: Japón renunció a “todo derecho, título y reclamación” sobre Formosa y las Pescadores, pero el tratado no atribuyó esa soberanía cedida a la República Popular China.

El segundo gran argumento de Beijing es la Resolución 2.758 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada el 25 de octubre de 1971. Según el cuento chino (nunca mejor dicho), esa resolución habría decidido que Taiwán forma parte de la República Popular China. No es cierto. La resolución resolvió la cuestión de quién ocupaba el asiento de “China” en Naciones Unidas: reconoció a los representantes de la República Popular China como “los únicos representantes legítimos de China” y expulsó a los representantes “de Chiang Kai-shek” (fundador de la República de China, hoy Taiwán). Nada más. No menciona a la isla, no determina su estatuto político, no atribuye soberanía sobre la isla a Beijing y no excluye su participación en los organismos internacionales.

Ésta es precisamente la posición que Taipéi viene defendiendo, y que los países libres deberían asumir con mayor determinación. La Unión Europea ha recordado recientemente que la Resolución 2.758 sólo cambió la representación china en la ONU, no cuestionó la legitimidad de Taiwán. Parlamentos como los de los Países Bajos, Canadá, el Reino Unido o Bélgica han aprobado posiciones en la misma línea. Los Estados Unidos, por su parte, mantienen una política de “una sola China”, pero no aceptan como propia la tesis de Beijing sobre Taiwán. De ahí la arquitectura singular de la Taiwan Relations Act de 1979 y las llamadas Seis Garantías.

Taiwán es un país libre y una democracia plena. Su marginación no responde al derecho, sino al miedo

Desde una perspectiva jurídica razonable, la palabra “reunificación” es además engañosa. Reunificar supone volver a unir bajo una misma autoridad a comunidades que antes formaron parte de un mismo orden político efectivo. Eso jamás sucedió en el caso de Taiwán y el régimen comunista continental. Lo que propone Beijing no es una reunificación, sino una anexión pura y dura. Y una anexión ilegítima, pues se obtendría mediante amenaza o uso de la fuerza y por ello chocaría frontalmente con el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe recurrir a la fuerza contra la integridad territorial o la independencia de cualquier comunidad política, sin entrar en si tiene mucho o poco reconocimiento por parte de otros Estados.

El principio decisivo es, por supuesto, el consentimiento de los gobernados. Taiwán cuenta con veintitrés millones de habitantes, elecciones libres, alternancia democrática, libertad de prensa, pluralismo político, Estado de derecho y una economía abierta y avanzada. La China continental, en cambio, es una dictadura de partido único. Pretender que una democracia consolidada sea absorbida por un régimen totalitario en nombre de una ficción histórica no es sólo injusto, sino también contrario al sentido profundo del derecho internacional contemporáneo.

Por todo ello, las democracias deben abandonar la complacencia verbal hacia Beijing. No basta con afirmar que debe prevalecer el statu quo mientras China lo erosiona día a día con incursiones aéreas, maniobras navales, amenazas y aislamiento diplomático. Los países libres deberían elevar el estatus de sus relaciones con Taiwán, ampliar sus oficinas representativas, intensificar los vínculos parlamentarios y comerciales, y defender su presencia en los organismos internacionales, empezando por aquellos de naturaleza técnica donde su exclusión perjudica a todos, como la Organización Mundial de la Salud.

Taiwán es un país libre y una democracia plena. Su marginación no responde al derecho, sino al miedo. Y el miedo a una dictadura no debería ser nunca fuente de legitimidad internacional ni de su denegación.