¿Cuánto cuesta el dinero de todos?

Hay una regla no escrita en la política española que, con el paso del tiempo, ha dejado de ser una sospecha para convertirse en una evidencia incómoda: cuando el dinero es de todos, acaba comportándose como si no fuera de nadie. Y cuando no es de nadie, se gasta con una ligereza que haría sonrojar incluso al más despreocupado de los millonarios. La última escena de este teatro presupuestario nos lleva, nada menos, que a Hollywood. Allí, entre focos, flashes y alfombras rojas de la gala de los premios Oscar, aparecía la vicepresidenta del Gobierno español, Yolanda Díaz. Y las preguntas surgen de forma inevitable: ¿qué hace exactamente una vicepresidenta en ese escenario? ¿Cuál es la función institucional concreta de ese viaje? ¿Qué interés nacional se defiende en una gala cinematográfica como los Academy Awards? ¿Y cuánto ha costado todo esto a los contribuyentes?

Hasta el momento, al menos públicamente, no se han ofrecido explicaciones detalladas sobre los objetivos concretos del desplazamiento ni sobre su coste total. Es posible que el viaje se enmarque en labores de representación institucional o de promoción cultural, algo habitual en la acción exterior de los gobiernos. Pero precisamente por tratarse de dinero público, esa explicación no debería ser implícita ni darse por supuesta, sino explícita, detallada y verificable. Porque conviene recordar algo elemental que a menudo se difumina en el discurso político: los ministros no viajan con su tarjeta personal. Viajan con dinero público. Y el dinero público no es un concepto abstracto, ni una cifra perdida en un presupuesto. Es el resultado directo del esfuerzo de millones de ciudadanos que trabajan, pagan impuestos y confían -a veces con una fe casi conmovedora- en que alguien administre esos recursos con prudencia, responsabilidad y sentido común. El problema es que el sentido común suele evaporarse con sorprendente rapidez cuando el gasto lo paga otro.

España cuenta con algunos ejemplos paradigmáticos que ilustran esta forma de entender la gestión pública. Casos muy distintos entre sí, pero con un denominador común: decisiones cuya utilidad real fue, como mínimo, cuestionable. Ahí está el aeropuerto de Castellón, convertido durante años en símbolo internacional del absurdo: una infraestructura multimillonaria inaugurada sin vuelos comerciales durante un largo periodo. O el aeropuerto de Ciudad Real, impulsado con respaldo institucional, que acabó en quiebra tras consumir cientos de millones de euros y pasó años prácticamente abandonado antes de reconvertirse. No son casos aislados. La línea de alta velocidad Toledo-Cuenca-Albacete, inaugurada con solemnidad, fue clausurada pocos meses después debido a su bajísima demanda de pasajeros. Un tren de alta velocidad… sin viajeros suficientes que justificaran su mantenimiento. El tranvía de Jaén roza incluso lo surrealista: construido y presentado como un gran avance en movilidad urbana, permaneció años sin entrar en funcionamiento, con los convoyes detenidos y generando costes sin prestar servicio.

A estos casos se suman organismos duplicados, observatorios de utilidad discutible, campañas institucionales de impacto difícil de medir y estructuras administrativas cuya eficacia real rara vez se evalúa con transparencia. Todo ello acompañado de la liturgia habitual: discursos solemnes, ruedas de prensa, fotografías oficiales y la reiterada apelación al “interés general”.

El problema es precisamente ese: que el “interés general” se ha convertido en un concepto extraordinariamente elástico. Bajo su paraguas cabe casi cualquier cosa. Desde infraestructuras sobredimensionadas hasta iniciativas cuya rentabilidad social no está claramente definida… o viajes institucionales cuya utilidad concreta resulta, como mínimo, poco explicada. Mientras tanto, el ciudadano medio vive en una realidad completamente distinta. En su mundo, cada euro tiene dueño. Cada gasto se valora. Cada decisión económica implica renuncias. Nadie puede permitirse gastar sin justificar. Nadie puede ignorar las consecuencias.

Esa distancia entre quien paga y quien decide es, probablemente, el origen de buena parte del problema. Porque cuando no existe una conexión directa entre el coste y la responsabilidad, aparece el terreno perfecto para el despilfarro. No necesariamente por mala fe, sino por una peligrosa combinación de inercia, incentivos mal alineados, falta de control efectivo y escasa rendición de cuentas.

Y ahí es donde el debate deja de ser ideológico para convertirse en una cuestión de calidad democrática. No se trata de cuestionar cada viaje o cada proyecto por sistema, sino de exigir algo mucho más básico: explicaciones claras, objetivos concretos, evaluación de resultados y, en su caso, asunción de responsabilidades.

¿Qué se hace? ¿Para qué sirve? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué beneficio aporta? Son preguntas simples. Pero, curiosamente, no siempre tienen respuestas igual de simples ni accesibles. Por eso, cada vez más ciudadanos observan estas situaciones con una mezcla de ironía, escepticismo y cansancio. Porque empiezan a intuir -o directamente a comprender- una verdad incómoda: cuando el dinero es de todos, demasiadas veces termina gastándose como si no fuera de nadie.

Y esa, en el fondo, es la forma más precisa -y más preocupante- de definir el despilfarro público.