Democracia togada

Es de dominio público que un árbitro tarjetero es aquel que con su sobreactuación condiciona de tal modo el juego, que él mismo acaba convertido en el protagonista de la contienda. Un protagonista indeseado, pues la naturaleza del juego reside en los jugadores y, si me apuran, en la pelota y su azaroso comportamiento. Se ha dicho, con razón, que el mejor arbitraje es aquel que pasa desapercibido. Con la justicia penal en España se extiende la opinión de que actúa con un exceso de protagonismo que sustrae al debate político, a las explicaciones en sede parlamentaria y, si me apuran, a la jurisdicción contenciosa administrativa no pocas de sus actuales intervenciones y decisiones.

El mecanismo de la acusación particular ha permitido que partidos políticos y organizaciones colindantes hagan un uso intensivo de la misma. Acusaciones particulares más o menos espurias e informes periciales con carga deductiva por parte de la UCO o la UDEF se han convertido, en contra incluso de la opinión de la Fiscalía, en las prótesis que orientan numerosas causas que en estos momentos afectan al PSOE y al entorno personal del presidente del Gobierno.

Más allá de aquel aznariano “quien pueda hacer, que haga”, es notable la percepción de la poca influencia, crédito y hasta respeto que el PSOE tiene hoy entre la judicatura de nuestro país. Los abogados defensores de los investigados tienen el rictus nefasto de la impotencia o de correr sofocados tras los acontecimientos, frente al cuerpo de jueces y magistrados que, ya en los preliminares, parecen tener escritas las sentencias. No siempre fue así y es indicativo del cariz que ha tomado este tiempo político.

La ciudadanía en general se esfuerza -nos esforzamos- en alabar el procedimiento garantista de nuestro sistema judicial que ampara a las partes, pero ello no alivia ni mejora la percepción popular de que la Justicia se ha hecho con las riendas y ritmos de buena parte de los acontecimientos políticos en España. Y esto, que lo habremos importado del sistema tradicionalmente judicializado y transaccional de Estados Unidos, es todavía, entre nosotros, una novedad con la que no estamos habituados a convivir.

La Audiencia Provincial de Badajoz, el juez Peinado, tantos otros que protagonizan la actualidad jurídico-política, recuerdan a los árbitros intervencionistas que, cortando el juego, acaban por desnaturalizar la esencia de lo juzgado. La política española vive una auténtica catarsis derivada de una intervención judicial penal en plena expansión, y no solo en lo que afecta a los socialistas. A los efectos tantas veces traumáticos de sus decisiones, se añade la perplejidad de la ciudadanía ante la democracia togada que vamos alumbrando y su inevitable consecuencia de alterar el normal discurrir del juego político.