Derecho y poder

Cuando el Estado se define por el Poder y el Derecho por la fuerza, la razón de Estado no encuentra límite. Incluso se ha llegado a argumentar, desde posiciones que tratan o predican la racionalidad del poder como razón de ser de la norma jurídica, que en estos casos la finalidad a la que sirve la racionalización de la fuerza es precisamente su incremento o autoconsolidación. Es, con otro ropaje, la vieja tesis de la sofística griega que reaparecerá con virulencia en Maquiavelo y se insertará en el campo de la Moral con Nietzsche.

En este caso, la finalidad se convierte en algo intrínseco al Derecho: entonces fin e instrumento se identifican y vale todo.

En efecto, el Derecho positivo así considerado no es más que un instrumento del poder político, fin para sí mismo, ejercido en ocasiones por los débiles o los mediocres con el propósito de someter y engañar a los fuertes. En este caso, la finalidad se convierte en algo intrínseco al Derecho: entonces fin e instrumento se identifican y vale todo. Es decir, se trata del uso, por parte del poder, de una racionalidad instrumental o táctica dirigida, por tanto, no a buscar ni establecer el fin del poder: la mejora de las condiciones de vida de las personas.

Si el fin se instrumentaliza o se determina previamente, resulta que poder y fin se identifican y el Derecho, así concebido, se introduce en un proceso imparable, en una afirmación de la fuerza refinada y calculada, tal vez por eso más violenta; en una brutalidad grosera o sutil en ocasiones. Al final, sorprendentemente, la racionalidad se instrumentaliza al servicio del poder y el Derecho se convierte en un fino mecanismo de multiplicación, propagación y consolidación del poder, de la fuerza. Hoy lo constatamos y sufrimos a diario ante la insensibilidad general.