Desinfle

A falta de las declaraciones pendientes de testigos, investigadores y peritos, el juicio que se sigue contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un supuesto delito de revelación de secretos, ha comenzado a desinflarse. Con las cautelas obligadas por si aparece la prueba o la suma de indicios que apunten a que la sexta autoridad del Estado fue la filtradora de un correo electrónico de Alberto González Amador, la pareja de lsabel Díaz Ayuso, en el que, a través de su abogado, confesaba que había cometido dos delitos fiscales y quería acordar con la fiscalía para no ir a la cárcel, nada apunta hacia él.

En tres días de declaraciones, ninguno de los testigos que han pasado por el estrado ha aportado un solo dato que apunte a que la filtración procede del fiscal general del Estado. No lo han hecho ni los fiscales que instruían el expediente de Alberto González Amador, ni los fiscales a los que se pidió información -solo la fiscal superior de Madrid reitero su “sospecha” de que la filtración procedía de García Ortiz-, ni los jefes de prensa que redactaron la nota de prensa en la que se desmintió el bulo puesto en circulación por el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez (MAR). Pero tampoco aportaron ningún dato significativo ni el propio MAR, que incurrió en contradicciones y mantuvo la dudosa versión de que desconocía el ofrecimiento de su protegido a la fiscalía, ni tampoco el propio interesado que tan preocupado estaba por aparecer como víctima del fiscal general del Estado y en defender a su novia que terminó reconociendo que sabía que su abogado buscaba un acuerdo de conformidad con la fiscalía.

La última sesión de declaraciones fue muy relevante por cuanto el ex secretario general del Partido Socialista de Madrid, el defenestrado Juan Lobato por una maniobra preventiva que le costó el puesto, y Pilar Sánchez Acera, que trabajaba en La Moncloa cuando se produjeron los hechos objeto del juicio, desmintieron que la filtración o la orden de filtrarla procediera del Gobierno. La fijación de la defensa de González Amador en señalar al Ejecutivo fue cortada de raíz por el presidente del tribunal porque ese no es el objeto del juicio. Claro que tampoco lo es la nota de prensa de la fiscalía y ocupó toda una mañana.

Luego llegó el turno de los periodistas, divididos en dos tandas, la de aquellos que “compraron” y publicaron la mercancía averiada y parcial de MAR, que han dado largas cambiadas acerca de si confirmaron la información sobre que había sido por “orden de arriba” que se parara el proceso de conformidad, como había filtrado MAR, y la de aquellos que han manifestado que conocían el textual del escrito del abogado de González Amador y que era él quién ofrecía la conformidad y, en el caso del periodista que ofreció la primera noticia sobre la situación del novio de Ayuso, que lo conocía hasta seis días antes de que García Ortiz tuviera el escrito. Todos se acogieron a su derecho profesional a no revelar sus fuentes. El magistrado del proceso, Ángel Hurtado, decidió no tomar en consideración las declaraciones de los periodistas.

En definitiva, salvo las sospechas sin pruebas de una fiscal, las “inferencias” de MAR y el victimismo del novio de Ayuso, nadie ha ofrecido pruebas, ni tan siquiera un relato convincente que apunte al fiscal general del Estado como filtrador de un documento que tenía la obligación de custodiar. Quizá todo se vuelva a inflar la próxima semana