Desplome de la vivienda protegida

España lleva más de tres lustros dando vueltas alrededor de una evidencia incómoda: la vivienda pública, concebida como pieza esencial para moderar el mercado y garantizar un mínimo de equidad, se evaporó tras la crisis financiera y todavía hoy no ha sido reconstruida.

El desplome del 90% en la vivienda protegida se explica porque las comunidades autónomas no gastan según las necesidades reales

La magnitud del desajuste es evidente. Antes de 2008, el país registraba cerca de 70.000 calificaciones anuales de vivienda protegida. Hoy la cifra se ha hundido más de un 90%, rozando mínimos históricos. Si el problema es estructural, la respuesta institucional que lo acompaña es, cuando menos, errática.

Un documento del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) ilumina las causas de este colapso. En 2013 se produjo un giro silencioso, pero decisivo: desaparecieron las ayudas a la promoción, se recortaron recursos y se eliminaron los incentivos fiscales a la compra –más de 77.000 millones acumulados desde 1979– sin que ese ahorro se orientara a ampliar el parque público. Lo que siguió es lo que tres economistas, María Cadaval, Leiceaga y Lago, resumen como una “década perdida”: un ciclo de gasto mínimo, incapaz de generar oferta nueva, que dejó a España sin una estrategia sostenida mientras crecía la presión sobre los hogares más vulnerables.

El análisis del gasto autonómico muestra una fragilidad crónica que debería preocupar. El esfuerzo en vivienda atraviesa cuatro fases bien definidas: un auge hasta 2009, un desplome abrupto entre 2010 y 2013, seis años de estancamiento y un repunte reciente todavía insuficiente.

La política de vivienda no actúa como contrapeso al mercado, sino al compás de él. Cuando más presión existe –precios en ascenso, demanda insatisfecha, jóvenes expulsados de las grandes ciudades–, menores son los recursos disponibles. Y cuando el ciclo se enfría, tampoco se acelera la construcción pública.

A ello se suma un problema de diseño institucional: la dependencia extrema de las comunidades autónomas respecto a los fondos estatales. El IVIE constata una correlación elevada entre financiación estatal y gasto autonómico. Es decir, las comunidades gastan en función de lo que reciben, no de lo que necesitan. Y esa falta de relación con variables como la formación de nuevos hogares o la tensión del mercado deja en evidencia que el sistema responde más a la arquitectura presupuestaria que a la realidad social.

La heterogeneidad territorial es otro síntoma de la falta de brújula. Cada comunidad orienta sus programas según sus propias preferencias y capacidades, lo que en principio no debería ser un problema: la autonomía permite experimentar y adaptar políticas. Sin embargo, la dispersión actual no es fruto de la innovación, sino de la ausencia de criterios estatales coherentes.

El reparto presupuestario autonómico para 2023–2024 lo ilustra bien. Andalucía concentra más del 70% de sus recursos en rehabilitación; Canarias y Murcia priorizan ayudas al alquiler; Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid y Euskadi sitúan el alquiler asequible en el centro, superando el 30% del gasto. No es incompatible, pero sí desconcertante: el esfuerzo público no guarda relación con la intensidad de la demanda ni con las tensiones demográficas. Y sin estándares mínimos ni obligaciones homogéneas, la política de vivienda se convierte en un mosaico territorial difícil de entender y aún más difícil de coordinar.

@J_L_Gomez