Un día anómalo

Cabía esperar que la presión sobre el fiscal general del Estado. Álvaro García Ortiz, para que no acudiera a la apertura del año judicial del próximo viernes. procediera del ámbito procesal, para instar la suspensión de su cargo y evitar que estuviera al lado del rey en el acto institucional, pero ha sido la novedosa decisión del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de dar plantón a Felipe VI y a las carreras judicial y fiscal y al órgano d gobierno de los jueces la que ha añadido anormalidad a una situación anormal desde que se presentó una querella contra el fiscal general por el presunto delito de revelación de secretos en relación con los problemas tributarios del novio de la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El procesamiento de Álvaro García Ortiz, que se encuentra a un paso de sentarse en el banquillo por la instrucción de un juez del Tribunal Supremo avalada por otros dos magistrados, hace que la lectura de la memoria de la fiscalía ante Felipe VI constituya una anormalidad porque nunca antes se había producido una situación tan insólita, como insólita ha sido la instrucción realizada por el juez Ángel Hurtado que le ha investigado. Confluyen en esta anormalidad dos corrientes, aquella que considera que dada su situación procesal debe ausentarse del acto para no dañar el prestigio de la carrera fiscal, y la de quienes le animan a seguir en el puesto para defender su inocencia dado que consideran que existe una manifiesta falta de pruebas para su acusación. Las asociaciones de jueces y fiscales, todas de carácter conservador -será casualidad- que le piden que no asista a la apertura del año judicial “por respeto a la institución y lo que representa”, no tienen en consideración, sin embargo, que el propio fiscal general se hacía merecedor de un respeto que no le han tenido, por el mismo motivo de la dignidad de su cargo.

La decisión del presidente del PP de no acudir al Tribunal Supremo para no avalar con su presencia lo que considera un choque institucional entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, tras las declaraciones de Pedro Sánchez en las que afirmaba que había jueces que hacían política, bien podría entrar en la categoría de “ocurrencias” de dudosa legalidad y difícil cumplimiento que últimamente desliza Feijóo ante todos los graves problemas que afectan a la ciudadanía, ya sean pulseras telemáticas para los pirómanos. o la sugerencia de una reforma -que tendría que ser constitucional- para que sea obligatorio convocar elecciones si no se aprueban los PGE dos años seguidos. Ahora suma la deslealtad institucional de su ausencia, una desconsideración hacia el rey, los jueces y fiscales, después de haber utilizado una excusa baladí en un primer momento, lo que ha llevado a la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz a afirmar que con su decisión demuestra “poca talla política y poca visión de hombre de Estado”.

Mala solución tiene este enfrentamiento entre los poderes del Estado cuando ninguna de las dos partes tiene intención de poner remedio a lo que está ocurriendo

Tampoco ayuda para calmar las aguas la sospecha deslizada nuevamente desde el PP, y abortada por los jueces del Supremo, según la cual La Moncloa está detrás de la filtración de la deuda con Hacienda de Alberto González Amador, para perjudicar a la presidenta madrileña, como causa del procesamiento del fiscal general del Estado. O la pretensión de que el Gobierno fuerce la renuncia de García Ortiz, algo que no puede hacer por el blindaje del cargo y que no hará porque confía en su inocencia. Todas las propuestas para evitar la presencia de García Ortiz o para relegar en el acto al ministro de Justicia, Félix Bolaños, no hacen sino aumentar la anormalidad que rodea la apertura del año judicial.

Si Pedro Sánchez avivó la mecha con sus manifestaciones en RTVE el pasado lunes, que a juicio de los sectores conservadores de la judicatura y la política suponían un ataque a la independencia judicial y a la separación de poderes, Feijóo tampoco ha hecho nada por aplacar el incendio y lo exacerba con su desaire al rey. Y si se afirma que el fiscal general del Estado contribuye a la polarización en el mundo judicial, tampoco los sectores judiciales conservadores hacen nada por poner sordina al enfrentamiento. Es esperable qué, pese a la anormalidad de la situación, el acto del Tribunal Supremo se desarrolle dentro de la más absoluta normalidad. Por respeto al rey y a las propias instituciones representadas.

Mala solución tiene este enfrentamiento entre los poderes del Estado cuando ninguna de las dos partes tiene intención de poner remedio a lo que está ocurriendo, cuando queda de manifiesto que la principal baza de la oposición por parte del PP son los casos judiciales que afectan al entorno del presidente del Gobierno y cuando se suceden resoluciones judiciales y dilaciones que benefician la estrategia del PP y se da por hecha la presunción de culpabilidad.