Diez kilómetros de responsabilidad

El próximo 8 de noviembre, miles de personas volverán a llenar las calles de Ourense para participar en la San Martiño. Habrá corredores pendientes del cronómetro, familias animando y niños en sus primeras carreras. Pero pocos se preguntarán cuántos profesionales hacen falta para garantizar la seguridad de la prueba y cuántos deben quedar disponibles para atender al resto de la ciudad.

La cuestión cobra especial importancia este año. La carrera estrena recorrido en medio de un enfrentamiento entre el gobierno municipal y la Policía Local. Un sindicato advierte de la posible falta de efectivos, los agentes mantienen su decisión de no realizar determinados servicios extraordinarios voluntarios y el alcalde les ha remitido una carta en la que acusa a sus representantes de intentar boicotear la prueba.

Como director de seguridad, creo que la planificación y la protección de participantes y ciudadanos deben estar por encima de cualquier conflicto. Maslow situó la seguridad entre las necesidades humanas básicas. Por eso, Policía Local y Bomberos deberían ser servicios especialmente cuidados, tanto en personal como en medios y formación. Una ciudad puede aplazar actuaciones, pero no improvisar ante una emergencia.

Cuidar esos servicios exige también cumplir con sus profesionales. El Concello arrastra reclamaciones por horas extraordinarias y otros conceptos retributivos, algunas reconocidas judicialmente. El trabajo realizado debe pagarse o compensarse conforme a la normativa, la vocación de servicio no sustituye las obligaciones laborales.

Los bomberos tampoco son ajenos al problema

Tampoco es un problema nuevo. Una sentencia de 2017, confirmada por el TSJ de Galicia en 2018, estableció la necesidad de prever en los cuadrantes anuales los refuerzos para acontecimientos periódicos, con la negociación o consulta legalmente procedente. La San Martiño se celebra cada año, cambiar el recorrido obliga a ajustar el dispositivo, no justifica que sus necesidades básicas sorprendan a última hora.

El conflicto revela además dificultades en la relación institucional con la Policía. María Barrera, intendente-jefa desde 2012 y una de las pocas mujeres al frente de policías locales gallegas, recibió una distinción honorífica por su trayectoria de la Xunta en 2024. En febrero de este año quedó firme la condena al Concello por el acoso laboral que sufrió, el tribunal reprochó también la actuación pública del alcalde y la falta de protección del Concello. Ningún mando está exento de críticas, pero las discrepancias deben resolverse con procedimientos, garantías y respeto, nunca con hostigamiento. En septiembre de 2025, un juzgado apreció asimismo incumplimientos municipales de prevención de riesgos laborales que afectaban a 62 policías, relativos a protección, formación y protocolos. Son antecedentes judiciales que invitan a revisar cómo se gestionan las condiciones laborales, desde los agentes hasta la jefatura.

Los bomberos tampoco son ajenos al problema. En junio, CCOO denunció turnos de seis, siete u ocho efectivos frente a los once que, según el sindicato, se habían comprometido. El Concello ha convocado plazas, pero lo decisivo es cuántos profesionales hay realmente en cada turno. Durante la carrera deben seguir atendiéndose incendios, accidentes y demás emergencias de Ourense.

La respuesta pasa por una evaluación técnica actualizada, previa a la prueba, elaborada por los responsables competentes. Debe concretar los efectivos disponibles, los puntos críticos del nuevo recorrido, la coordinación con emergencias y la cobertura del resto de la ciudad. También las opciones de refuerzo, los protocolos ante incidencias y las necesidades de medios y formación. Si los recursos confirmados no bastan, habrá que modificar el dispositivo o adoptar otras medidas organizativas conforme a los informes técnicos.

La San Martiño merece celebrarse con normalidad y con la tranquilidad de contar con una organización preparada

No conozco el plan operativo completo y sería irresponsable afirmar que la carrera será insegura. Sí es legítimo exigir que sus responsables justifiquen técnicamente las condiciones de celebración.

En paralelo, el gobierno local debería fijar un calendario verificable para saldar las obligaciones económicas pendientes y negociar de buena fe las discrepancias laborales. No toda reivindicación tiene que aceptarse, pero las resoluciones judiciales deben cumplirse. El alcalde defiende las condiciones laborales de la Policía y asegura que hay alternativas para garantizar la prueba, toca concretarlas y acreditar su eficacia.

La San Martiño merece celebrarse con normalidad y con la tranquilidad de contar con una organización preparada. Después habrá que evaluar el operativo y sus incidencias para anticipar mejor la siguiente edición.

Los ciudadanos tenemos derecho a exigir profesionalidad a policías y bomberos; ellos, a reclamar los medios, la formación y las condiciones necesarias para protegernos. No podemos pedirles que trabajen permanentemente en la incertidumbre.

La San Martiño comienza con un disparo de salida. Su seguridad debería empezar meses antes. Porque “saldrá bien, como cada año” puede expresar confianza, pero nunca sustituir a un plan.