Diez medidas para afrontar el problema de la vivienda

Rebaja de impuestos a las personas que adquieran una vivienda, aplicando incentivos fiscales y centrados sobre todo en los jóvenes, personas con discapacidad, familias numerosas o monoparentales y víctimas de violencia de género.
Desbloquear la “ley antiokupación” en el Congreso.
Facilitar el acceso a la vivienda de protección oficial aprobando la flexibilización de su marco regulatorio.
Derogar la Ley de Vivienda, una ley fallida que ha empeorado la accesibilidad a la vivienda a los más jóvenes y a las familias más vulnerables económicamente.
Modificación de la Ley del Suelo: reformar la legislación para liberar más terrenos y solares que puedan ser utilizados en nuevos desarrollos urbanos, con el fin de aumentar la oferta de viviendas y acabar con las dificultades del desarrollo urbanístico por las anulaciones de los instrumentos de planificación territorial. La idea es facilitar a los ayuntamientos que puedan afrontar una modificación de un planeamiento al reducirse el riesgo de que se declare nulo por un defecto de forma subsanable. A su vez, también se deben agilizar los procesos para la rehabilitación para que, por ejemplo, las actuaciones de rehabilitación edificatoria y de la construcción de viviendas sociales en alquiler sigan avanzando para regenerar nuestro parque de viviendas. Y es que, en España, hay una problemática en el reglamento a la hora de aplicar instrumentos de ordenación territorial y urbanística que provoca su nulidad por cualquier tipo de vicio procedimental por insignificante que este sea. Con la modificación de esta ley, lo que se debe perseguir es mejorar la seguridad jurídica en el ámbito de la planificación, excluyendo del silencio negativo a la construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública destinada al alquiler social, cuando sean promovidas por las Administraciones Públicas, o mediante fórmulas de colaboración público-privada.
Simplificación administrativa: reducir los trámites burocráticos para facilitar la interacción entre el sector privado y las administraciones, mejorando la eficiencia en los procesos.
Reducción del impuesto de transmisiones patrimoniales con una rebaja al 4% en el ITP.
Reducción de impuestos en la compra de viviendas: Proponer una disminución en los impuestos sobre la adquisición de viviendas, que actualmente varían entre el 15% y el 20%.
Prioridad a colectivos específicos: enfocar las políticas de vivienda hacia jóvenes hasta 40 años, familias numerosas, monoparentales y aquellas con algún miembro con discapacidad.
Enfoque en áreas urbanas históricas y rurales: dirigir las medidas principalmente hacia los cascos históricos de las ciudades y las zonas rurales, donde se concentra una gran parte de la demanda.
Por último, deciros que llevo años defendiendo estas mismas propuestas, por lo que creo totalmente en las mismas. Y solo quiero añadir que todas ellas deben ir acompañadas de una desburocratización real de la legislación urbanística para corregir los cuellos de botella administrativos con la creación de ventanillas únicas. La principal finalidad pasa por reducir los trámites urbanísticos y la concesión de las licencias urbanísticas municipales. Por consiguiente, es clave la digitalización y la reducción de tiempos y plazos para todo tipo de licencias municipales urbanísticas.

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