División de opiniones

Un acto institucional con discursos de las autoridades competentes no es una rueda de prensa ni una conferencia con coloquio, de tal manera que no hay forma de pedir precisiones a lo que se ha dicho desde el estrado, saber a qué se refieren las insinuaciones o algunas frases crípticas que pueden sobreentenderse pero que sería necesario aclarar para no generar dudas. En los discursos del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, ambos se han mantenido dentro de la más estricta normalidad en la defensa de sus atribuciones y no han rehuido las condiciones de anormalidad que este año se han dado en la apertura del año judicial, motivadas tanto por el insólito procesamiento del jefe de la fiscalía, como por las alusiones de Pedro Sánchez a las intenciones políticas de algunos jueces.

Por supuesto, García Ortíz ha defendido los proyectos de modernización de la justicia impulsado por el Gobierno y en especial la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que dejaría la instrucción de los procesos en manos de los fiscales

Sin dejar de señalar las “singulares circunstancias” de su intervención de este año, el Fiscal General del Estado ha reivindicado su presencia en el acto, su estatus, y su confianza en la justicia y la verdad ante los magistrados que probablemente tendrán que juzgarle, y ha insistido en que la fiscalía no sucumbe ante el ataque de los delincuentes. En este punto habría sido interesante que aclarara si la suya era una declaración que va de suyo o si la referencia a los delincuentes, o presuntos delincuentes constituía una defensa ante la investigación de que es objeto por un presunto delito de revelación de secretos sobre los problemas con el fisco de un delincuente confesó, Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Por supuesto, García Ortíz ha defendido los proyectos de modernización de la justicia impulsado por el Gobierno y en especial la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que dejaría la instrucción de los procesos en manos de los fiscales. Para quienes se resisten al cambio nunca hay un momento oportuno, ha dicho

En efecto, y como es tradicional y no por reiterativo está de más, la presidenta del Tribunal Supremo ha realizado una defensa a ultranza de la independencia y neutralidad de los jueces y les ha defendido de las “Insistentes descalificaciones” que recibe por parte de los poderes públicos, por cuanto esas críticas socavan la confianza de los ciudadanos en la justicia, lo que puede interpretarse como una reconvención a las palabras del presidente del Gobierno. Es lógico que la presidenta del CGPJ defienda a todos los jueces, pero podía haber realizado alguna alusión crítica a aquellos que realizan instrucciones sesgadas, eternas y que tienen un cierto aire prospectivo. De la misma forma que el fiscal ha reconocido su situación “singular”, la presidenta del Supremo no obvió que los jueces puedan ser criticados como cualquier servidor público. Por supuesto, Perelló manifestó la preocupación de los jueces por las reformas en el acceso a la carrera judicial que propone el Gobierno

La apertura del año judicial, con sus singularidades transcurrió con absoluta normalidad sólo rota por la inusual fiebre aplaudidora de los asistentes que evidenciaron sus posiciones a favor y en contra del fiscal general y la presidenta del Supremo. Quienes aplaudieron a uno no lo hicieron a la otra. Y viceversa. En términos taurinos hubo división de opiniones, y en términos jurídico-políticos, también Al menos el rey Felipe VI salió indemne del acto y no hubo ni boicot ni algaradas. La ausencia de Feijóo no se notó.