Reforma necesaria, pero desequilibrada

España arrastra desde hace más de una década un sistema de financiación autonómica vencido, sostenido a base de parches, fondos extraordinarios y una resignación compartida por gobiernos de distinto signo. Que el Ejecutivo de coalición haya decidido, por fin, mover ficha no es en sí misma una mala noticia. Al contrario: la actualización del modelo era una demanda reiterada tanto de comunidades gobernadas por el PSOE como por el PP. El problema, como tantas veces, no es tanto el qué, sino el cómo y el cuándo.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera debería servir para resolver dos déficits históricos del sistema: la insuficiencia de recursos y su complejidad extrema. Sobre el papel, el incremento de hasta 21.000 millones de euros para las comunidades y la simplificación de los mecanismos de reparto apuntan en la dirección correcta. También es razonable que el Estado incremente su aportación y que se refuercen los ingresos autonómicos mediante una mayor cesión del IRPF y del IVA. Todo ello responde a una realidad incontestable: con el modelo actual es cada vez más difícil sostener los servicios públicos básicos; léase, por tanto, el Estado del bienestar.

Sin embargo, la reforma nace lastrada por su origen político. El acuerdo previo con ERC, anunciado antes incluso de abrir un debate multilateral, ha convertido una discusión técnica y estructural en un campo de batalla partidista. Aunque el Gobierno de Pedro Sánchez insista en que no existe un cupo catalán y en que el modelo sigue siendo común, la percepción de trato singular a Cataluña -con 4.700 millones adicionales y la garantía de la ordinalidad- pesa más que las explicaciones. En financiación autonómica, las percepciones importan casi tanto como los datos.

Galicia puede ganar recursos en términos absolutos, pero perder peso en un sistema que refuerza los desequilibrios

A esta desconfianza se suma la apelación a la voluntariedad. Formalmente no es una novedad: la legislación vigente ya contempla la posibilidad de mantener el sistema anterior. Pero planteada en este contexto, suena menos a libertad de elección que a una disyuntiva forzada. Aceptar el nuevo modelo implica asumir un marco discutido y rechazado por la mayoría; rechazarlo supone renunciar a recursos adicionales. En ese dilema, Galicia parte además de una posición delicada. Si la media estatal se fija en 100, Galicia estaba en el entorno del 104 y pasaría a situarse en torno al 96, perdiendo entre siete y ocho puntos en términos relativos.

Conviene subrayarlo: el sistema necesita una reforma. Sobre la mesa hay un documento con propuestas interesantes y otras claramente discutibles. Ahora debe ser la política la que aproxime posturas y consiga un modelo realmente válido para todos los ciudadanos, capaz de responder a la pregunta esencial: con qué recursos van a contar las comunidades para prestar los servicios básicos en función de sus distintas necesidades demográficas, territoriales y sociales.

De entrada, la primera valoración es que estamos ante una reforma del sistema y no ante su ruptura. El acuerdo entre el PSC y ERC de julio de 2024 hablaba de un sistema singular para Cataluña al estilo del País Vasco y Navarra, lo que habría supuesto un cambio radical del régimen común. En ese sentido, hay alivio al comprobar que la propuesta se aproxima más al libro blanco aprobado por la comisión de expertos en 2017 que a aquel planteamiento confederal. Seguimos, al menos formalmente, en la senda de un Estado federal y no confederal.

Entrando en el detalle, la propuesta corrige algunos de los problemas señalados por los expertos. Atiende la escasez de recursos, introduce cambios en la población ajustada y elimina fondos adicionales que distorsionaban el sistema. Pero también incorpora elementos difíciles de justificar. El cálculo de los costes fijos no se explica con claridad y arroja resultados contrarios a lo esperado en algunas comunidades, como si esos costes crecieran con la población, algo discutible. Además, se crean fondos de carácter arbitrario. El fondo climático, por ejemplo, beneficia mayoritariamente al arco mediterráneo. ¿Acaso Galicia, Castilla y León o Asturias no sufren el impacto del cambio climático, la despoblación y los incendios forestales, como los de Ourense?

Hay otro elemento novedoso con impacto estructural: la cesión del IVA de las pymes. Cataluña, con un tejido de pymes societarias muy superior al del noroeste, sale claramente beneficiada. La ganancia absoluta de recursos puede ser relevante para todas, pero el problema está en la dinámica del modelo a medio y largo plazo. En una eventual contracción económica, Galicia podría quedar en una posición más que vulnerable.

Queda también por ver el papel del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI). Es positivo que el Gobierno anuncie su reactivación tras años congelado, pero resulta clave cómo se integre en el sistema. El FCI es un instrumento constitucional de política regional y, bien diseñado, podría compensar parte de la pérdida relativa de las comunidades del noroeste.

El modelo propuesto corrige, en definitiva, algunos defectos del actual, pero introduce otros indefendibles. Que en 2009 nueve comunidades respaldaran el sistema y ahora solo lo haga Cataluña debería invitar a la reflexión. El Gobierno de Sánchez tiene margen para negociar, si realmente quiere una reforma duradera. Para Galicia, la clave no es solo cuánto se gana hoy, sino qué posición ocupará mañana. El conselleiro Corgos lo sabe bien. 

@J_L_Gomez