La polémica generada en Baltar por el proyecto para extender la línea de evacuación de un parque eólico por la Serra do Larouco ilustra perfectamente cómo observan las grandes eléctricas a Ourense: una mina de oro de la que saquean beneficios como si estuviesen esquilmando una pequeña colonia de la gran metrópolis. Los técnicos de Iberdrola dicen desconocer que esos cables ahorcarían a la capital mundial del parapente y hay que creerlos: este insoportable desdén, este robo continuado, lo lleva sufriendo la provincia durante el último siglo. A los promotores del proyecto en la comarca de A Limia les importa tanto el potencial deportivo, turístico y patrimonial de la zona como a los responsables de ahogar las mejores fincas del Ribeiro, los que querían instalar una megacentral eléctrica en la Ribeira Sacra o los que proyectan parques eólicos en el Macizo Central. “Toma el dinero y corre”.
Cómo estará diseñado un negocio para tener que plantearlo con nocturnidad y sin avisar de tus intenciones ni a los propietarios de los terrenos. Esta opacidad es definitoria y vuelve a reivindicar la importancia del periodismo local en el rural: los vecinos han podido ir leyendo el desarrollo de la crisis gracias a La Región. La contestación social ante esta extracción de recursos a cambio de nada deja otra lección para el futuro, y cuestiona la posición de algún alcalde que prefiere intentar vivir de espaldas a lo que sucede en su concello hasta verse empujado a emular al capitán Renault en “Casablanca” y exclamar: “¡Qué escándalo! He descubierto que aquí se juega”.
La presión social es la que ha hecho titubear a Iberdrola en sus planes para diseminar 42 torres de 40 metros de alto en un trazado de once kilómetros por la Serra do Larouco. Mediremos cada uno de sus próximos pasos. Pero eso no es suficiente. Las administraciones deben actuar para equilibrar el interés económico y el bienestar colectivo. Es obvio que no lo están haciendo con la suficiente rotundidad: si uno de los grandes tesoros de esta provincia son sus paisajes y sus recursos naturales, la hemeroteca reciente retrata hasta dónde puede llegar la rapiña, el saqueo de un territorio ante la pasividad de los poderes públicos. Este periódico ha contado las tramposas prórrogas de los grandes embalses y su nulo retorno económico, la sobreexplotación del Miño y el Sil o la agonía del Barbaña. los proyectos hidroeléctricos y eólicos sobre joyas ecológicas o el bestial vaciado de los embalses en pleno verano -por lo visto quedará impune-. Hoy estremece leer que solo en los últimos cinco años se han tendido en la provincia más de 300 kilómetros de cables de alta tensión para conectar nuevos aprovechamientos eléctricos o alimentar la llegada del AVE. Por supuesto, muchas de estas cicatrices quedan en espacios tan valiosos como la Ribeira Sacra, el Macizo Central o el Xurés.
Nadie está en contra del progreso o de implementar nuevas actividades económicas. El rural debe ser un mosaico vivo en el que convivan en armonía los diferentes usos del suelo con el respeto por el patrimonio natural o histórico. Por eso, en 2022 tendría que ser inimaginable concebir un negocio como el diseñado en A Limia sin garantizar la máxima transparencia e información, sin escuchar desde el primer minuto a comuneros, ganaderos, apicultores o historiadores. Es cierto que estos proyectos derivados de la nueva burbuja eólica están en fase de exposición pública, pero la probada laxitud administrativa -ahí están las multas ridículas o los estudios ambientales insuficientes-, el característico oscurantismo de las compañías eléctricas y la confusión generada por el registro eólico hacen inevitable que se extienda la inquietud. Esto no es ecologismo de salón ni demagogia. Es llevar muchas décadas sufriendo el saqueo de una provincia forzada a regalar sus mejores recursos a intereses foráneos a cambio de perder riqueza -solo los ríos han generado unos 5.000 millones en 20 años-, paisajes, cultura, empleo, turismo y hasta amenazar la viabilidad de la candidatura a Patrimonio Mundial de la Ribeira Sacra.
Y esa riqueza se la llevan impunemente mientras cientos de personas sufren en Ourense una pobreza energética que se hace más visible en inviernos duros como el actual.
La llegada del AVE abre una nueva etapa para Ourense. Pero en el horizonte de la provincia aparece también la amenaza de cables de alimentación de la Alta Velocidad levantados sin una mínima perspectiva sostenible, las nuevas estaciones reversibles o centenares de aerogeneradores en espacios naturales protegidos por Red Natura, Reservas de la Biosfera o Zonas Especiales de Conservación. Todos esos kilómetros de cableado ya implementados o proyectados dibujan hoy la magnitud del abuso mientras simbolizan la explotación irracional de nuestros recursos naturales. La provincia no puede depender del precio de la electricidad o de la codicia de un par de ejecutivos que mangonean en empresas sin dueño: Ourense debe tener muy claro que es en episodios como el que se está viviendo en Baltar donde se juega su futuro como territorio. Este bochornoso expolio debe terminar ya.
