El ejemplo de la Casa de Baños

En mis veinte años como representante sindical en la Policía Nacional, he podido comprobar en numerosas ocasiones el empecinamiento de la Administración en mantener determinadas decisiones incluso cuando los tribunales venían señalando reiteradamente que no eran correctas.

Los policías nacionales hemos tenido que reclamar durante años derechos relacionados con la turnicidad durante las vacaciones o incapacidad temporal, indemnizaciones por vestuario, retribuciones correspondientes al desempeño de puestos de superior categoría y otras cuestiones que, lejos de resolverse administrativamente, terminaban demasiadas veces ante los tribunales.

El procedimiento casi siempre era parecido. El funcionario formulaba su reclamación; la Administración la rechazaba y, si quería continuar, no le quedaba otro camino que acudir a la Justicia, la mayoría de las veces con el respaldo de su organización sindical. Meses, cuando no años, de escritos, recursos y procedimientos hasta que finalmente llegaba una sentencia que, en numerosos casos, reconocía aquello que se había solicitado desde el principio.

¿Quién respondía entonces por haber obligado al funcionario a recorrer todo ese camino? Prácticamente nadie. Las costas, cuando se imponían, las pagaba la Administración, es decir, el conjunto de los ciudadanos. Incluso recuerdo procedimientos en los que fue necesario requerir reiteradamente el cumplimiento de una sentencia y llegar a advertir de responsabilidades personales para conseguir que se ejecutase lo que un tribunal ya había ordenado.

Esta reflexión me vino de nuevo a la cabeza estos días observando lo ocurrido con la antigua Casa de Baños. Un edificio histórico de nuestra ciudad, de titularidad municipal, vinculado durante generaciones al termalismo ourensano, que tras años de abandono y ocupación sufrió en mayo un devastador incendio. Después llegaron las actuaciones de emergencia y, con ellas, una nueva polémica sobre la forma de intervenir en un inmueble especialmente protegido.

No pretendo determinar si se ha cometido o no una infracción administrativa o penal. Eso corresponde a los órganos competentes. Pero sí plantear una pregunta mucho más sencilla: ¿qué habría sucedido si una actuación semejante sobre un inmueble protegido hubiese sido realizada por un ciudadano particular sin disponer previamente de todas las autorizaciones necesarias?

Probablemente la respuesta administrativa habría sido inmediata. Se abrirían expedientes, se investigarían responsabilidades y, si existiesen indicios suficientes, se pondrían los hechos en conocimiento de quien correspondiese. Y así debe ser. Las normas de protección del patrimonio existen precisamente para evitar que decisiones individuales puedan provocar daños irreparables en bienes que pertenecen, en cierto modo, a toda la sociedad.

El problema aparece cuando esa misma exigencia no se percibe con idéntica intensidad cuando quien toma la decisión es la propia Administración.

Quien administra lo público debería estar sometido, como mínimo, al mismo grado de responsabilidad que exige a los ciudadanos. Tener capacidad para decidir sobre dinero, edificios o patrimonio público no puede convertirse en una especie de salvoconducto. Al contrario: debería implicar una obligación todavía mayor de prudencia, rigor y respeto a los procedimientos.

Y esto no es una cuestión de partidos políticos. Gobierne quien gobierne, las decisiones públicas tienen consecuencias. Cuando una Administración pierde reiteradamente procedimientos judiciales, paga costas o se ve obligada a rectificar decisiones que podían haberse evitado, ese dinero no sale del bolsillo de quien tomó la decisión. Sale del bolsillo de todos.

Ahí reside una de las grandes diferencias con el ciudadano. Si cualquiera de nosotros actúa negligentemente, responde con su patrimonio y, en determinados casos, incluso personalmente ante la Justicia. Cuando una decisión equivocada se adopta desde una institución, demasiadas veces la responsabilidad penal o administrativa acaba diluyéndose entre informes, departamentos, expedientes y presupuestos públicos.

La Casa de Baños debería servirnos, por tanto, para algo más que discutir sobre una obra concreta. Debería ayudarnos a reflexionar sobre la responsabilidad de quienes gestionan lo que pertenece a todos.

Las instituciones también educan con su comportamiento. Resulta difícil pedir a nuestros jóvenes respeto por las normas, responsabilidad individual, respeto a las normas de convivencia y circulación o cuidado del patrimonio común si transmitimos la sensación de que esas exigencias dependen de quién sea el que actúe.

Una sociedad cívica se construye desde el ejemplo. Y pocas cosas deterioran más la confianza en las instituciones que la percepción de que existen unas consecuencias para el ciudadano y otras, mucho más difusas, para quien administra lo público.

Quizá el verdadero ejemplo de la Casa de Baños sea precisamente ese: recordarnos que cuanto mayor es la responsabilidad pública que se ejerce, mayor debería ser también la obligación de responder por las decisiones que se toman.