Una España desigual

Pedro Sánchez ha logrado hacer de España un país desigualitario, lo cual devalúa nuestra democracia. Nunca se debe olvidar que la igualdad es un principio básico de cualquier sistema que aspire a la plenitud democrática. La desigualdad ante la Ley es algo que el sanchismo asumió con los pactos Frankenstein, y que ahora alcanza la mayor de las perversiones económicas con la condonación de 17.000 millones de la deuda a Cataluña acordados con ERC, que en realidad es un traslado de deuda por vía fiscal al resto de los españoles. La quita no es tal quita, pese al condimento de un relato subversivo e incierto según el cual ese perdón se extiende a las demás autonomías. 

Cuando Sánchez, Montero y demás arcángeles del sanchismo ofrecen a las Comunidades un perdón de 83.252 millones de agujero público, no sólo buscan una coartada de conveniencia para el favoritismo con Cataluña, sino que están al mismo tiempo extendiendo a todos los españoles el pago de esa supuesta quita catalana. Los expertos denuncian que de esta manera Sánchez suma 1.900 euros más de deuda autonómica a cada ciudadano que pagaremos con nuestros impuestos. Sánchez no sólo compró su investidura y permanencia en la Moncloa, habiendo perdido las elecciones, con el indulto de los golpistas y la Ley de Amnistía, sino que ahora usa el dinero público y la presión fiscal sobre los españoles para asegurar su continuidad y traficar con concesiones escasamente democráticas que favorecen a las minorías sobre las mayorías. Sánchez merca su presente y futuro inmediato con los impuestos de sucesivas generaciones de españoles, extendiendo la desigualdad judicial a la desigualdad económica. Pero Junts ya habla de la condonación total de la deuda catalana, que asciende a 73.000 millones, lo cual complica la tropelía contra la que el PP ha votado en contra en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que sus consejeros abandonaron dando plantón al abuso.

Estamos ante un paso más en el proceso constituyente del nuevo régimen sanchista que sortea la Constitución

Estamos ante un paso más en el proceso constituyente del nuevo régimen sanchista que sortea la Constitución y las reglas éticas del juego democrático. A esto se suman otras cesiones en materia de pensiones y excarcelación de etarras al PNV y Bildu, los otros socios prioritarios de Pedro Sánchez. Pero lo siguiente será el cupo catalán que también perjudicará a todas las comunidades autónomas salvo a Euskadi, pues ello certificará la dudosa legalidad del privilegio catalán y vasco sobre el resto de autonomías. Conviene no olvidar que Sánchez permite así la continuidad del procés desairando la sentencia condenatoria de los golpistas que el independentismo pretende culminar con un referéndum pactado sobre la secesión de Cataluña que después exigirán los independentistas vascos. Esta hoja de ruta de los separatistas es un libro abierto, primero porque nunca ocultan sus objetivos, y segundo porque se trata de una reivindicación histórica que tuvo su punto de partida en el Plan Ibarretxe neutralizado en el Congreso y prosiguió con la declaración unilateral de independencia del prófugo Puigdemont. Aquel amago de República tuvo lugar tras un referéndum ilegal acompañado de violencia, de malversación y del delito de sedición que Sánchez se apresuró posteriormente de borrar del Código Penal previa excarcelación de Junqueras y compañía.

En este contexto, cabe explicar que la condonación autonómica pretendida por el Gobierno para apañar la Legislatura castiga a las comunidades con las cuentas más saneadas, incluidas Galicia y Madrid. Casualmente, ese castigo también coincide con las autonomías con mayor capacidad de rebajar impuestos, un caballo de batalla del PP que al Gobierno no le gusta porque le deja en evidencia. De hecho, Montero premia a las CCAA con pasivos más elevados o que hayan subido el tramo regional del IRPF porque esa es la doctrina fiscal recaudatoria e impositiva del sanchismo, mientras que los populares mantienen que a menos impuestos mayor recaudación. En este nuevo teatro representativo de la desigualdad partidista debemos tener claro que los movimientos del sanchismo en materia económica, fiscal y judicial tienen la finalidad del beneficio político en la aritmética parlamentaria para solventar la ingobernabilidad en la que está sumida España. Es evidente que Sánchez sólo gobierna para sus intereses y no para todos, lo cual es una obligación aparejada a la presidencia del Gobierno de España una vez celebradas las elecciones. No te vota todo el mundo, pero has de gobernar para la gran mayoría. El sanchismo incurre en la insolidaridad territorial y la desigualdad social por razones de ventajismo político. Unas rayas rojas que no se vulneraban desde el 78, y que durante el régimen sanchista se ha convertido en una costumbre que transgrede el juego limpio y ciertas reglas no escritas de la Transición democrática. España no se puede permitir desvirtuar el marco constitucional abonándose con negligencia y evidente daño al Estado a la impostura autocrática de excesos caribeños. Porque el sanchismo se supera día a día excediendo cualquier marco razonable en perjuicio de los intereses ciudadanos mientras desde el poder se abunda en una España desigual.

¿Obstrucción a la justicia?

El juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, que investiga el caso de la filtración de datos sobre el novio de Ayuso, afirmó esta semana que el Fiscal general de Estado, García Ortiz, “ha hecho desaparecer pruebas, aunque hay indicios suficientes” de que fue el filtrador de correos. Para el juez Hurtado esto es una “evidencia” desde el mismo momento en el que Ortiz borra sus móviles y sus correos al día siguiente de ser imputado y no devolvió ningún dispositivo. Quien pasará a la historia como fiscal del borrado medita ahora quemar su última nave poniendo en manos del Tribunal Constitucional la nulidad del caso por el que está siendo investigado. Fuentes próximas a Conde Pumpido y a su toga manchada de polvo del camino no ven muy oportuno hacerlo antes de que el alto Tribunal se pronuncie sobre la constitucionalidad de la amnistía que los jueces del Supremo se niegan a aplicar. Conviene no olvidar que el Supremo ya advertido de maniobras próximas a la prevaricación en caso de que el TC siga blanqueando casos como el de los ERE y actuando de parte.

El falso feminismo

Monedero se da baja en la Complutense para no dar la cara. Desde el fracaso de la ley del sólo si es si y la excarcelación y rebaja de penas a violadores todo ha sido un no parar para la izquierda progresista en términos de falso feminismo. Al caso Errejón se suma ahora el ideólogo podemita indignado del 15-M, Juan Carlos Monedero, denunciado por acoso sexual mientras su partido lo “tapaba”. Ahora resulta que todo el mundo lo sabía, lo de Monedero y lo de Errejón, pero nadie los sometió a escarnio público y responsabilidad política, eso que tanto pidieron los del escrache, la transparencia y la limpieza democrática, los que vinieron a regenerar el sistema y terminaron siendo casta. A eso hay que añadir que a ciertos cargos del PSOE se les ha contagiado la falta de respeto a la mujer con los catálogos de “putas” de los ERE, de Tito Berni, de Ábalos y de Koldo. Realmente es de vergüenza para quienes han impulsado una ley contra la prostitución y han predicado con tanto ahínco el ya llamado “falso feminismo”, tan politizado que ahora se vuelve contra ellos.