¿Es que también va a desautorizar ahora al Tribunal de Cuentas?

El ya exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, en una entrevista en la cadena SER ha manifestado que las causas abiertas por el Tribunal de Cuentas contra ex altos cargos de la Generalitat dificultan los planes del Gobierno de desinflamar la tensión política en Cataluña. “Estas causas no dejan de ser piedras en este camino, pero sabíamos que estaban ahí”, afirmó el entonces ministro, quien añadió “Nos corresponde ir desempedrando este camino dentro de la legalidad. Es la única forma. Claro que es más complicado desandar lo mal andado”.

¿Pone piedras en el camino un órgano constitucional que ejerce su función ordinaria conforme a la Ley? Como es sabido, es el órgano fiscalizador de las todas cuentas públicas del Estado y ahora reclama 5,4 millones de euros que se invirtieron en la promoción internacional del procés. En el punto de mira se encuentra el llamado “Diplocat”, el organismo creado al efecto de difundir las acciones del independentismo en el extranjero e implicó a varias consejerías del Govern durante el desafío soberanista. Las responsabilidades a ventilar alcanzan a los expresidentes catalanes Artur Mas y Carles Puigdemont, al exvicepresidente y líder de ERC Oriol Junqueras y a los consejeros Raül Romeva (Exteriores) y Mas-Colell (Economía). La cuestión está en que, por lo que se refiere a los dirigentes del procés, indultados o escapados no pueden eludir este otro frente.

Los portavoces en el Congreso Gabriel Rufián, de ERC y Míriam Nogueras de Junts estiman que el expediente que se sigue en el Tribunal de Cuentas es “una persecución represiva”, cuyo funcionamiento debe modificarse si el presidente Sánchez quiere de verdad dar una solución política a lo de Cataluña. Lo insólito es que un miembro del Gobierno que para serlo ha jurado o prometido la Constitución, como Ábalos, haga unas equívocas manifestaciones sobre el propio funcionamiento ordinario de un órgano plenamente constitucional, de competencias claramente tasadas, para amoldarlo al interés político coyuntural. Menos mal que ante la “boutade” de Ábalo, el magistrado excedente y ministro de Interior, Grande Marlaska ha salvado la situación, afirmando que “cada institución hace lo que tiene que hacer”. Pero, ¿cómo va a despejar las piedras en el camino que dice Ábalos?

El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público español, tal como establece la Constitución. Ejerce el control externo de la actividad económico-financiera del sector público estatal, autonómico y local, así como de la contabilidad de los partidos políticos. Es pues, un órgano fundamental del Estado, de enorme importancia dentro de un sistema democrático. Los miembros del mismo, los consejeros son designados por las Cortes Generales, a razón de seis por el Congreso y otros tantos por el Senado, mediante votación que precisa la mayoría de tres quintos de cada cámara. El mandato dura nueve años, por lo que no depende del poder político de cada momento, sino que goza de plena autonomía.