Las piedras como argumento electoral

Una piedra lanzada en la calle no construye una vivienda, no reduce una lista de espera ni ofrece un empleo a quien lo necesita. Sin embargo, basta que vuele para que las preocupaciones de miles de personas desaparezcan del debate y toda la conversación gire alrededor del enfrentamiento. Ahí empieza una derrota colectiva: cuando la política deja de explicar cómo mejorar la vida y se conforma con administrar el miedo, la indignación o el rechazo al contrario.

Las imágenes recientes de Barcelona y los incidentes de A Coruña obligan a recordar algo elemental. La libertad de manifestarse merece protección, igual que la libertad de acudir a un acto, expresar una opinión o abrir un negocio sin sufrir intimidaciones. Nadie debería tener que elegir entre defender el derecho a protestar y condenar la violencia. Una democracia tiene que garantizar ambas cosas, sin preguntar antes quién convoca, quién protesta o a quién se pretende silenciar.

No hay una violencia aceptable porque coincida con nuestras simpatías. Tampoco una agresión menos grave porque su víctima piense de otra manera. Cuando la condena necesita demasiadas explicaciones previas, la convivencia comienza a quedar subordinada al cálculo. Y cuando se convierte cada altercado en una oportunidad para obtener ventaja, las piedras terminan teniendo una segunda vida como argumento electoral.

Agitar la calle puede proporcionar imágenes, titulares y una sensación de fuerza. Gobernar exige algo bastante más difícil: escuchar, decidir, gestionar y responder por los resultados. La responsabilidad pública se mide en problemas resueltos, en servicios que funcionan y en oportunidades que llegan a quienes antes no las tenían. La confianza se gana cuando las palabras se traducen en mejoras que cada vecino puede comprobar. El ruido puede llenar una jornada informativa; difícilmente sostiene un proyecto de país.

Hay razones para el malestar. Quien trabaja y no puede independizarse, quien encadena contratos sin estabilidad o quien contempla cómo su salario pierde capacidad de compra necesita respuestas. También las necesita la familia que no encuentra una vivienda asequible o el autónomo atrapado entre costes y trámites. Desatender esas dificultades deja un espacio que otros ocupan con culpables fáciles y promesas imposibles. Reconocerlas obliga a actuar, sin convertir la frustración en una invitación al enfrentamiento.

Cada compromiso incumplido deteriora algo más que la credibilidad de quien lo formula: debilita la confianza en que las instituciones puedan servir para cambiar las cosas

La vivienda ilustra bien esa responsabilidad. Anunciar soluciones una y otra vez no sirve si después no hay suelo disponible, licencias que avancen, rehabilitación o viviendas a las que acceder. Hacen falta Administraciones capaces de coordinarse, objetivos verificables y explicaciones claras sobre los plazos. Cada compromiso incumplido deteriora algo más que la credibilidad de quien lo formula: debilita la confianza en que las instituciones puedan servir para cambiar las cosas.

Por eso necesitamos una política que compita por la calidad de sus propuestas. Que explique cómo mejorar la atención sanitaria, facilitar el empleo, apoyar a las familias y garantizar servicios también donde vive menos gente. Que diga cuánto cuestan sus medidas, cómo piensa financiarlas y cuándo podrán evaluarse. La ciudadanía merece poder comparar soluciones, exigir correcciones y distinguir entre un compromiso serio y una frase preparada para el aplauso.

También hace falta recuperar el valor del desacuerdo. Escuchar una objeción no debilita un proyecto; permite descubrir sus carencias antes de que las paguen los ciudadanos. Una organización que solo admite asentimientos acaba confundiendo la disciplina con el acierto. Y una vida pública en la que cualquier discrepancia se presenta como una traición termina expulsando a quienes podrían aportar experiencia, criterio e ideas nuevas.

La seguridad forma parte de esa convivencia. Los profesionales que la garantizan necesitan medios, respaldo y reglas claras. Su actuación debe estar sujeta a la ley y a los controles correspondientes. Defender ese marco común exige rechazar tanto la intimidación como los juicios apresurados. Las responsabilidades se esclarecen con pruebas y procedimientos, mientras que las generalizaciones solo añaden desconfianza.

Construir requiere paciencia, trabajo y disposición para alcanzar acuerdos. Supone aceptar que una buena medida puede merecer apoyo aunque la proponga otro, y que una decisión propia puede necesitar rectificación. Esa madurez debería exigirse especialmente a quienes aspiran a representar a todos. Permanecer en un cargo carece de valor si no se utiliza para dejar algo mejor de lo que se encontró.

España necesita, por fin, un cambio. Ofrecer a sus ciudadanos un horizonte que puedan reconocer en su vida cotidiana. Un futuro con oportunidades, instituciones fiables y espacio para convivir entre diferentes. Las elecciones deben permitir elegir ese rumbo. Convertirlas en un concurso de agravios solo aplaza las respuestas. Las piedras rompen lo que encuentran; la obligación de la política es construir lo que todavía falta.