Fiscales progresistas

El procedimiento de nombramiento de jueces y fiscales para los puestos más relevantes de ambas instituciones es completamente diferente. Mientras que a los jueces les nombra el Consejo General del Poder Judicial, partido en dos entre los adscritos a la tendencia conservadora y progresista, más una presidenta presuntamente de los segundos y un vocal progresista de rumbo cambiante, lo que permite que los jueces conservadores sigan ocupando puestos muy relevantes más allá de las cuotas, en el caso del nombramiento de los fiscales para los cargos más importantes, las Salas del Tribunal Supremo, las fiscalías especiales o las de los tribunales superiores de justicia, depende directamente de la fiscal general del Estado, en este caso Teresa Peramato, oídos los órganos consultivos de la Fiscalía, sin capacidad de veto.

En su segunda tanda de nombramientos, Teresa Peramato ha decidido ascender a distintas salas del Supremo a fiscales que estaban adscritos a distintos órganos fiscales, como la secretaría general técnica en los que habían sido colocados por el fiscal general condenado por revelación de secretos, Álvaro García Ortiz, todos ellos de carácter progresista.

Teresa Peramato llegó a la Fiscalía General del Estado con la intención de “sanar las heridas” creadas por el asunto que llevó a la condena de García Ortiz, pendiente del recurso de amparo interpuesto por el afectado, pero que ya es objeto de críticas por parte de la Asociación de Fiscales, la mayoritaria entre los miembros de ese colectivo, de carácter conservador, y que por ese motivo considera que sus afiliados deben tener preminencia en los nombramientos más importantes, máxime porque el Consejo Fiscal está integrado por una mayoría de fiscales conservadores, que, cuando gobierna el PP no tiene ningún empacho en ir prácticamente al copo en los nombramiento, sin que en ese momento se produzcan polémicas sobre la independencia de los fiscales ascendidos.

En esta ocasión no deja de ser cierto que Teresa Peramato ha tomado decisiones que han escocido al sector conservador, en primer lugar porque ha purgado a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, cuya declaración en el juicio contra Álvaro García Ortiz por la filtración de la situación procesal del novio de Isabel Díaz Ayuso y su declaración confesa de fraude fiscal, pudo ser determinante en su condena y su sustitución por otra fiscal que está ochocientos puestos por debajo en el escalafón y que haya ascendido a Pilar Fernández, mujer de García Ortiz, a la plaza de teniente fiscal de la Fiscalía Superior de Galicia, junto a otros nombramientos no.

En definitiva, cuando el CGPJ es netamente conservador o como ocurre ahora sigue dominado por un mar de fondo de la misma línea ideológica, la independencia judicial no está en peligro, pero si una fiscal general progresista promueve a los suyos parece que se viene abajo todo el armazón judicial. Aunque en la carrera fiscal existe la dependencia jerárquica, a la vista está con muchos de los últimos casos de corrupción que los fiscales están actuando con una independencia absoluta al margen de los supuestos intereses de los fiscales generales.