La Fiscalía precisa fortaleza e independencia

La independencia del Ministerio Fiscal constituye uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho. Los ciudadanos deben poder confiar en que quienes tienen encomendada la defensa de la legalidad actúan con absoluta imparcialidad, ajenos a intereses partidistas y sometidos únicamente a la Constitución y a las leyes. Sin embargo, durante los últimos años se ha producido un progresivo deterioro de la confianza pública en la Fiscalía General del Estado que amenaza con afectar gravemente a la credibilidad de una institución esencial para el funcionamiento de la democracia.

Para comprender esta situación es inevitable recordar una frase que ha terminado convirtiéndose en un símbolo de toda una época. Cuando Pedro Sánchez fue preguntado en una entrevista acerca de la Fiscalía, respondió: “¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso”. Aquellas palabras provocaron una enorme polémica y fueron interpretadas por muchos ciudadanos como la expresión más clara de una determinada concepción de las relaciones entre el Gobierno y el Ministerio Fiscal.

Formalmente, la Fiscalía no depende del Gobierno en el ejercicio de sus funciones. La Constitución y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal consagran los principios de legalidad e imparcialidad que deben regir su actuación. Sin embargo, las instituciones democráticas no se sostienen únicamente sobre normas jurídicas. También necesitan preservar una apariencia inequívoca de independencia. Por ello, aquella frase sigue resonando años después y ha acabado siendo utilizada como referencia inevitable cada vez que surge una controversia relacionada con la actuación de la Fiscalía General del Estado.

El punto de inflexión llegó con el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado inmediatamente después de haber sido ministra de Justicia del Gobierno de Pedro Sánchez. Aunque la designación cumplía formalmente los requisitos legales, el paso directo desde el Consejo de Ministros a la máxima jefatura del Ministerio Fiscal supuso un golpe sin precedentes a la percepción de independencia de la institución. Lo que para unos fue una decisión legítima, para muchos otros representó la ruptura de una frontera institucional que nunca debió cruzarse. A partir de ese momento se consolidó la sensación de una creciente proximidad entre la Fiscalía General del Estado y el poder ejecutivo. Las dudas dejaron de ser una cuestión meramente académica para convertirse en una preocupación compartida por amplios sectores de la sociedad, del mundo jurídico y de la propia carrera fiscal.

La situación alcanzó una dimensión aún más grave durante el mandato de Álvaro García Ortiz. La condena por revelación de secretos constituyó un hecho extraordinariamente dañino para el prestigio de la institución. Nunca antes la figura del fiscal general del Estado había quedado tan seriamente cuestionada desde el punto de vista jurídico y ético. La circunstancia de que quien ostentaba la máxima responsabilidad dentro del Ministerio Fiscal resultara condenado por un delito relacionado precisamente con el ejercicio de sus funciones provocó un profundo deterioro de la confianza ciudadana. Para muchos observadores, el episodio confirmó los peores temores sobre la progresiva politización de la Fiscalía. La institución llamada a velar por el cumplimiento de la ley aparecía envuelta en una controversia que afectaba directamente a su máxima autoridad. El daño para su imagen y credibilidad resultó difícilmente reparable.

Vista en perspectiva, la evolución de los acontecimientos parece otorgar una especial relevancia a aquella frase pronunciada años atrás por Pedro Sánchez

A esta situación se suma la política de nombramientos desarrollada durante los mandatos de Dolores Delgado, Álvaro García Ortiz y posteriormente Teresa Peramato. Uno de los aspectos más controvertidos de esta etapa ha sido la reiterada designación para puestos de responsabilidad de fiscales vinculados a la Unión Progresista de Fiscales. La cuestión no radica en la capacidad profesional de quienes han sido nombrados ni en su legítima pertenencia a una asociación profesional. El problema es la imagen que proyecta una política de nombramientos que ha favorecido de forma abrumadora a miembros de una asociación que representa únicamente una muy pequeña parte de la carrera fiscal. Cuando una organización que agrupa aproximadamente al 8% de los fiscales obtiene una presencia muy superior en numerosos nombramientos discrecionales, resulta inevitable que surjan dudas acerca de los criterios realmente aplicados.

La percepción que se ha extendido entre los miembros de la carrera y numerosos profesionales es que la pluralidad existente dentro de la carrera fiscal no se ha visto adecuadamente reflejada en la distribución de los principales puestos de responsabilidad. Ello ha alimentado la sospecha de que las afinidades asociativas e ideológicas han tenido un peso excesivo en decisiones que deberían regirse exclusivamente por los principios de mérito, capacidad y experiencia profesional.

La llegada de Teresa Peramato a la Fiscalía General del Estado, lejos de disipar estas dudas, ha sido interpretada por muchos como la culminación de una determinada forma de entender la institución. Para sus críticos, no se habría producido una rectificación de la línea seguida durante los años anteriores, sino la consolidación de una estructura de poder cuyos nombramientos continúan generando controversia y desconfianza.

Vista en perspectiva, la evolución de los acontecimientos parece otorgar una especial relevancia a aquella frase pronunciada años atrás por Pedro Sánchez. “¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso” ha terminado convirtiéndose para muchos ciudadanos en algo más que una respuesta desafortunada. Se ha transformado en el símbolo de una percepción cada vez más extendida: la de que la Fiscalía General del Estado ha ido perdiendo progresivamente la distancia institucional que debe mantener respecto del poder político.

La democracia necesita una Fiscalía fuerte, respetada e indiscutiblemente independiente. No basta con que la ley garantice formalmente esa independencia. Es imprescindible que los ciudadanos la perciban de forma clara y que ninguna actuación, ningún nombramiento y ninguna decisión relevante permita albergar dudas razonables sobre la neutralidad de la institución.

Recuperar esa confianza constituye uno de los grandes desafíos pendientes para la Fiscalía española. Porque cuando la ciudadanía deja de confiar plenamente en la imparcialidad de quienes tienen la misión de defender la legalidad, no se resiente únicamente una institución: se debilita la propia calidad de nuestro Estado de derecho.