El Gobierno contra a los jueces

Con una gran ligereza y frecuencia, los ministros de España acusan a los jueces de prevaricación. Es cierto que no lo hacen así abiertamente, lo camuflan con el idioma inglés y lo llaman “lawfare”; es decir, la utilización abusiva o manipulada de los procedimientos legales y judiciales con fines de persecución política, desprestigio o eliminación de un adversario. Nada menos.

Evidentemente, para conseguir los objetivos de un “lawfare” se necesita una participación de los jueces por medio de una prevaricación continuada y en constante conspiración política. Tendrían que estar dispuestos a dictar resoluciones injustas o arbitrarias a sabiendas de su injusticia, vulnerando de forma evidente el ordenamiento jurídico y quebrantando la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas, con una finalidad política. Sería la corrupción absoluta del Poder Judicial y de la democracia.

Y si constituyen delito pueden ser castigadas con las penas correspondientes por muy ministros que se consideren. El caso es más grave -extraordinaria gravedad, dijo- justamente por ser autoridades del Estado.

Gran parte de los ministros del actual Gobierno acusan de esas malas prácticas a los jueces que abren causas contra altos cargos del PSOE, contra el expresidente Zapatero o familiares del presidente Sánchez, quien tiene a su hermano ya condenado. Todas serían decisiones injustas a sabiendas o decisiones políticas de los jueces, una auténtica guerra jurídica contra el Poder Ejecutivo.

La presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, María Isabel Perelló, ha tenido que advertir al Gobierno de las graves consecuencias que pueden tener sus acusaciones a los jueces. Incluso podrían llegar a ser constitutivas de delito. Y si constituyen delito pueden ser castigadas con las penas correspondientes por muy ministros que se consideren. El caso es más grave -extraordinaria gravedad, dijo- justamente por ser autoridades del Estado.

Presión política

Hasta ahora, no se había registrado una advertencia tan fuerte y directa, sobre todo, durante un acto oficial solemne, presidido por el rey y en presencia del ministro de Justicia, Félix Bolaños, uno de los más prolíficos en acusaciones, amenazas y advertencias a los jueces, cuando no le gustan sus resoluciones.

Algunas de estas advertencias son especialmente duras y directas, con tintes claros de presión, como también recordó la señora Perelló, sin mencionar a Bolaños por su nombre, claro. Y sin que el ministro de Justicia se haya dado por aludido, más bien creo que ha salido estimulado a seguir deteriorando el prestigio del Poder Judicial, siempre que no se pliegue a sus objetivos políticos. No hay más que recordar la reacción desmesurada, desorbitada y exagerada contra el Tribunal Supremo por la suspensión cautelar de la regulación de nietos de españoles en el exilio, debido a las trampas introducidas ilegalmente en desarrollo de esa norma.

Efectivamente, un Ejecutivo que está cercado por causas judiciales, a consecuencia de una multitud de delitos o conductas delictivas, no encuentra otra salida que acusar a los jueces de perseguirlo, de plegarse a las maniobras políticas de la oposición para desgastarlo, de dictar sentencias injustas, de ser más fanáticos políticos que jueces y de todo aquello que se le ocurra, en lugar de corregir en el Gobierno todas sus conductas irregulares o ilegales. Con esta simple decisión ya quedarían muy aliviados en los tribunales.

Rotos y descosidos | El censo electoral de los nietos

Aumentar el censo electoral con el voto de los nietos de españoles es una evidente operación política destinada a modificar los resultados electorales más inmediatos. No es una conjetura, es una constatación en palabras del Gobierno. Se han enfadado mucho porque el Tribunal Supremo ha dejado en suspenso la operación y quieren que resuelva a su favor cuanto antes, para que puedan votar en las generales de 2027. Así lo ha dicho expresamente el ministro de Justicia Félix Bolaños. Lo mismo ha exigido el presidente del Gobierno. No quieren que el alto Tribunal español decida lo que en justicia debe ser, quieren que decida de acuerdo con las previsiones del Gobierno: para votar en el 2027. No les importa que un proceso electoral deba tener todas las garantías, ni sombra de una duda legal, solo aumentar el censo.

Si la finalidad real de la ley y de la instrucción ilegal, introducida posteriormente, fuera solo proporcionar la nacionalidad a los nietos de los exiliados españoles, no pondrían ninguna objeción a que se llevaran a cabo con procedimientos normales, con garantías administrativas, con el tiempo que fuera necesario, sin buscar atajos. No se debe olvidar tampoco que con este procedimiento se están fabricando ciudadanos con doble nacionalidad, lo cual no deja de ser un cierto privilegio administrativo del que no gozan la mayoría de los españoles.

La gran parte de los nietos de emigrantes que solicitan la nacionalidad española ha sido para beneficiarse de las ventajas de ser español, como poder volver, poder tener un futuro mejor, poder salir del país sin obstáculos, por ejemplo, los cubanos. Participar en los procesos electorales no parece ser su prioridad. Están a otra cosa. Nada tiene que ver con la acusación de Bolaños de que el Tribunal Supremo quiere privar votar a ciudadanos españoles. Si el proceso no está claro, no son ciudadanos españoles.

El Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), debería entenderse como el de aquellos que fueron residentes en España, pero ausentes en un momento determinado. Eso ha derivado en ausentes permanentes y ahora pasa a los nietos; es decir, personas que nunca han sido residentes, rizando el rizo de la paradoja.