El Gobierno se libra de los tribunales

El Gobierno no levanta cabeza. Cada vez que le aparece una buena noticia, le sale otra peor. El entramado judicial que le atenaza es tan tupido que cada día se produce una decisión judicial que le perjudica mucho más que la anterior.

A primera hora del jueves se conoció que el Tribunal Justicia de la Unión Europea no ponía reparos a la Ley de Amnistía, aquella norma con la que Pedro Sánchez pagó su investidura de presidente del Gobierno. Fue una contraprestación a los independentistas catalanes por sus votos. Habían sido condenados por unanimidad del Alto Tribunal. Habían cometido delitos graves contra el Estado. Pedro Sánchez prometió solemnemente no indultarlos. Al contrario, se comprometió ante sus electores a traer a España al máximo responsable, Carles Puigdemont, para ponerlo a disposición de la Justicia. “Nadie está por encima de la ley -dejó por escrito en 2019-. Puigdemont es un prófugo de la Justicia. Trabajaremos para que el sistema judicial español, con todas sus garantías, pueda juzgarlo con imparcialidad. La Fiscalía cuenta con el respaldo del Gobierno en la defensa de la Ley y del interés general”. El compromiso duró hasta que necesitó sus votos, en ese momento cambió para afirmar que la amnistía era imprescindible para pacificar España.

La decisión del Tribunal Europeo proporcionó la primera alegría del Gobierno en todo este tiempo Consideran los jueces de la UE que el proceso de independencia no supuso ninguna merma para las arcas de la Unión. Félix Bolaños, ministro de Justicia, entre otras cosas, se mostró feliz, muy feliz: “La ley es plenamente compatible con el derecho europeo y con los valores de la Unión”. “Hoy es un gran día”. “Es logro colectivo”. El ministro de Cultura, Ernesto Urtasun ha ido más lejos, como si le fuera la vida en ello y exigió a Feijóo una rectificación “por todas las mentiras, manipulaciones y críticas que ha hecho en los últimos años a la ley”. Nada menos.

Pero cuando apenas habían comenzado a disfrutar de este éxito, la Audiencia Provincial de Madrid hace pública la decisión de que la mujer del presidente, Begoña Gómez, va a ser juzgada con un jurado popular, acusado de los delitos de tráfico de influencias y malversación. Era una decisión que se esperaba en cualquier momento, pero ha coincido con la misma mañana de la Ley de Amnistía. Y ahí ya se frustró el entusiasmo. La esposa del presidente recuperó el pasaporte para viajar sin necesidad de pedir permiso, aunque le ha quedado la obligación de estar disponible para cuando se lo requiera el tribunal. Pero va a ser juzgada, avalando las tesis del juez Peinado, instructor de la causa, profesional descalificado todos los días por el Gobierno de Sánchez. La Audiencia ve claros delitos en la actuación de Begoña Gómez, justamente por hacer negocios desde el Palacio de la Moncloa, en su calidad de mujer del presidente.

Como insisten los ministros de Sánchez y otros dirigentes del frente gubernamental, la juzgan por ser la mujer del presidente, cuando saben que ese es el punto principal, si no fuera la esposa de Sánchez, no podría haber delinquido, supuestamente, desde el Palacio de la Moncloa. No hay en España otra mujer que esté en esas condiciones y por eso la juzgan, claramente.

A partir de ese momento se desataron las iras contra la decisión judicial, “Begoña es inocente”, “es una casusa política”, “quieren debilitar al Gobierno utilizando la figura de Begoña Gómez”; “la única motivación es el acoso y la persecución a la mujer del presidente del Gobierno”. Y no podía faltar Oscar Puente, destacando la coincidencia del día: ya es casualidad que se publique de la decisión de que Begoña Gómez será juzgada por un jurado popular justo cuando la Justicia europea acaba de avalar la amnistía. Pues todavía quedan muchas causas judiciales para dar que hablar al ministro Puente.