Golpe tras golpe a empresas y autónomos

El Gobierno, con Yolanda Díaz al frente del Ministerio de Trabajo, parece decidido a convertir la actividad empresarial en una carrera de obstáculos. Las nuevas medidas que prepara la ministra amenazan con hacer todavía más insoportable la vida de las empresas, independientemente de su tamaño, y de los autónomos, ese colectivo que sostiene buena parte del empleo en España. El último frente abierto es el encarecimiento del despido, una reforma que Díaz vende como un avance en derechos laborales, pero que en la práctica supondrá un freno para la contratación. Las pymes, que representan más del 90% del tejido productivo español, son las primeras que sufrirán las consecuencias y que se reflejarán en miedo a contratar por temor al coste de despedir.

Pero no se detiene ahí. En cartera figura otra subida del salario mínimo interprofesional (SMI), que, si bien se presenta como una medida social, ignora la realidad de miles de negocios que apenas sobreviven con márgenes mínimos. A ello se suma la reducción de la jornada laboral sin rebaja proporcional de salario, lo que inevitablemente disparará los costes laborales y reducirá la productividad. Y como guinda, el nuevo control horario, que entra en vigor en los próximos días, y que añadirá una carga burocrática más, especialmente para los pequeños negocios, que deberán destinar tiempo y recursos a cumplir una normativa que poco aporta a la eficiencia del trabajo y a la productividad.

El mensaje que transmite el Ejecutivo es claro: emprender en España es una temeridad

El panorama se completa con las decisiones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, encabezado por Elma Saiz, que pretendía elevar de forma escandalosa las cotizaciones de los autónomos. Aunque posteriormente se haya rectificado parcialmente, el daño está hecho por la sensación de desamparo. La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), la mayoritaria, ha denunciado que, pese a las correcciones, el sistema sigue siendo injusto. Los autónomos pagan cada vez más, pero reciben menos prestaciones. El ejemplo más claro es el cese de actividad, el equivalente al paro para los asalariados, que solo se concede en un 30% de los casos.

Con todo ello, el mensaje que transmite el Ejecutivo es claro: emprender en España es una temeridad. Cada nueva norma se traduce en más costes, más papeleo y menos libertad para crear empleo. En lugar de fomentar la competitividad y aliviar la presión sobre quienes generan riqueza, el Gobierno opta por asfixiarlos con regulaciones y subidas que suenan bien en los titulares, pero que son letales en la práctica. En un país donde el tejido empresarial está formado mayoritariamente por microempresas y autónomos, seguir castigando al que crea empleo es un suicidio económico. Las políticas del Ministerio de Trabajo parecen olvidar que sin empresas no hay empleo, y sin empleo no hay derechos que proteger.