La guerra de los mundos

Con tal título publicaba en 1898 la novela del inglés H.G. Wells, como una de las primeras novelas de ciencia ficción y terror psicológico que abordaba el conflicto entre humanos y extraterrestres. Llevada a la gran pantalla y a la televisión en distintas ocasiones, también es mencionada e incluso derivada en distintas obras literarias.

Pero lo realmente significativo tuvo lugar la penúltima noche de octubre del año 1938, cuando, pese al previo aviso, sin que muchos radiooyentes se hubieran enterado del estreno el día anterior, el estadounidense Orson Welles relató a través de la CBS, ante millones de sintonizados a la emisora de radio, la invasión de los alienígenas asesinos y despiadados, recogidos en las páginas de la novela homónima, tomando por verdaderos los acontecimientos.

Aquella ocupación desencadenó como respuesta un verdadero caos en la ciudad de Nueva York, de ciudadanos con actitudes diversas ante la situación, de modo que, mientras unos, pese al temor, optaron por no moverse de sus casas para evitar expolios, entonando un “de aquí a mí no me mueve nadie”, otros sacaron sus automóviles de las cocheras para poner tierra de por medio, resultando en enormes atascos y accidentes en vías y cruces de caminos, en los que muchos conductores y viandantes se liaban a mamporros ante la frustración de no poder avanzar, imposibilitando lo que en teoría tendría que haber sido una salida a la supervivencia.

Llegados a este punto, cabe la posibilidad de valorar cómo llevar a cabo una evacuación real y ordenada de una población. Para ello, habría que valorar a esos que se quedan en sus casas entorpeciendo la labor de las autoridades, o los que atascan las calles con sus vehículos y conflictos. La realidad es que se trata de una labor muy compleja.

Dejando al margen una ciudad de la magnitud de Nueva York, imaginemos, por ejemplo, una más modesta, de alrededor de unos 30.000 habitantes, para poder hacerse una idea.

Esta es la valoración que se debería hacer de uno de los desastres más recientes dados en el país, la devastación de Paiporta

En primer lugar, serían necesarios dos factores elementales: efectivos y tiempo. Efectivos que organizaran una evacuación organizada y el tiempo necesario para trasladar a todos esos residentes. El primer reto consiste en comunicar a la ciudadanía que tiene que prepararse para abandonar la localidad. ¿Cómo, yendo vivienda por vivienda tocando el timbre, o con un sistema de megafonía que pudiera desatar el pánico? Simultáneamente, habría que regular el tráfico para que fuera fluido, mientras se vaciaba casa por casa, gestionando a los peatones.

El otro factor esencial es el tiempo, ya que mover semejante parque automovilístico y tal masa humana requiere un lapso de tiempo, y sobre esto, haría que valorar el imprevisto de la propia emergencia, a la que se sumaría la urgencia necesaria de respuesta, determinando un plazo mínimo de entre 24 y 48 horas para cumplir la labor.

Esta es la valoración que se debería hacer de uno de los desastres más recientes dados en el país, la devastación de Paiporta, donde en un tira y afloja hay un conflicto de responsabilidades en el que las distintas administraciones públicas se acusan a la hora de responsabilizar a la otra de no haber evitado la catástrofe, extendiendo la pugna al ámbito de la Justicia, donde los distintos partidos judicializan la vida política de la nación, haciendo perder tiempo, recursos públicos y dinero, y enfrentando de manera irresponsable a la población.

Lo cierto es que nada importa si uno calló o si el otro tenía o no el móvil desconectado: ni Pedro Sánchez ni Carlos Mazón, aunque se hubieran puesto los calzoncillos encima del pijama y la toalla de playa alrededor del cuello, podrían haber contenido la dana, la riada, ni conseguir la evacuación de la localidad, por la misma falta de recursos y de tiempo. La cuestión que debería valorarse y enjuiciarse es qué hizo cada uno después. Con independencia de que la riada había bloqueado acuartelamientos y personal público, quién tenía competencia sobre qué y quién para actuar. ¿Quién tiene competencias y autoridad sobre la Policía Nacional, Guardia Civil, Ejército, fuerzas de intervención rápida, el presidente del Gobierno central o el autonómico? Porque, con todo destrozado, un presidente autonómico solo tiene competencias en la Policía Local en materia de tráfico y en Protección Civil. Que cada cual saque sus conclusiones sin dejar que lo manipulen.