Las guerras que vienen

En este caso no se trata de la hipotética integración de militares españoles en una fuerza internacional de interposición en Ucrania una vez que se alcance un alto el fuego en la guerra con Rusia, ni tan siquiera de la participación española en una misión de vigilancia en Groenlandia. En este caso se trata de la guerra que se va a desatar entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, cuyas primeras escaramuzas ya han comenzado a producirse y a la que presumiblemente le esperan unas batallas estilo Waterloo.

El Tribunal Constitucional, con su mayoría progresista, ha corregido al Tribunal Supremo al anular las dos sentencias de su Sala Tercera que revocó, por falta de justificación, el nombramiento de Eduardo Esteban como fiscal de sala coordinador de menores, a propuesta de la entonces fiscal general del Estado, María Dolores Delgado, a quien el TC ha venido a dar la razón al estimar que se trataba de un nombramiento discrecional aunque tuviera menor especialización en la materia que otro candidato, del que el Supremo consideró que era una persona más valiosa e idónea, y no ajustada a Derecho la decisión de la fiscal general, detrás de la que veía una sesgada política de nombramientos.

Cuando los dos fiscales generales del Estado, María Dolores Delgado, y el condenado Álvaro García Ortiz, han priorizado el nombramiento para fiscales de Sala y de altos cargos a la Unión Progresistas de Fiscales, los órganos de dirección del ministerio público se han convertido en un polvorín, a pesar de que los fiscales generales conservadores han seguido la misma línea de promover a los fiscales de su cuerda bajo los gobiernos del PP, afiliados a la conservadora Asociación Profesional de Fiscales, que da idea de su sentido patrimonialista sobre la justicia y la alta consideración que tienen de la independencia judicial.

En cada ocasión que se produce un enfrentamiento entre ambos tribunales los jueces del Supremo consideran que los magistrados del TC se han separado de su misión de ser garantes de los derechos constitucionales para convertirse en un tribunal de instancia.

En la misma dirección de enfrentamiento entre el TC y el TS puede ir un lejano fallo sobre la sentencia condenatoria de la Sala Segunda del Supremo sobre Álvaro García Ortiz, pendiente de la resolución -previsiblemente negativa- del recurso de nulidad presentado ante la misma Sala por su condena, paso previo a la presentación de un recurso de amparo ante el Constitucional -bajo la presidencia de Cándido Conde-Pumpido-, y que para el eurodiputado del PP es “el cáncer del Estado de Derecho”, aunque luego retiró su acusación.

Pero la gran batalla pendiente, si se cumplen las expectativas, es la relacionada con la aplicación de la amnistía a los condenados por el “procés”, a expensas de las pautas que apunte el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y de la valoración que se realice sobre la interpretación de la malversación. En cada ocasión que se produce un enfrentamiento entre ambos tribunales los jueces del Supremo consideran que los magistrados del TC se han separado de su misión de ser garantes de los derechos constitucionales para convertirse en un tribunal de instancia.

En una demostración más de ausencia de respeto institucional, el PP se ha negado a renovar la tercera parte de los magistrados del TC correspondiente al Senado, que llevan ya un mes con el mandato caducado. El PP tiene la esperanza de que en las próximas elecciones generales conseguirá una mayoría absolutísima en la Cámara Alta que le permita nombrar a tres de los cuatro magistrados y darle la vuelta a la actual mayoría progresista.