Huelga corporativa

Jueces y fiscales convocados por las asociaciones conservadoras de ambas ramas de la Justicia han iniciado tres jornadas de huelga en protesta por dos proyectos de ley del ministerio competente sobre el acceso a la carrera judicial y para que sean los fiscales quienes realicen las investigaciones y los jueces se dediquen a juzgar. Frente a las sospechas de que ambas normas afectarán gravemente a la independencia judicial, la respuesta del ministro de Justicia, Félix Bolaños es que se trata de modernizar la justicia cambiando procedimientos de acceso a ambas carreras que están anticuados, facilitar la incorporación de los jueces y fiscales sustitutos, como ordena la Comisión Europea y para acabar con la anomalía, que solo se produce en España, de que los jueces sigan instruyendo los sumarios.

El Consejo General del Poder Judicial, por inusual unanimidad, ha considerado que “los miembros de la carrera judicial, como integrantes de uno de los poderes del Estado, no tienen derecho a la huelga” porque carece de soporte normativo. Pese a la reconvención, los jueces y fiscales conservadores han seguido adelante con la convocatoria de huelga con un argumento que es conocido y criticado en otro ámbito: si todo lo que no está expresamente prohibido esta permitido, como afirma el Tribunal Constitucional con respecto a la ley de amnistía, ellos se acogen al mismo criterio y se cuelan por ese vacío legal para su acto de protesta.

Aunque los jueces y fiscales que secundan la huelga lo hacen en defensa de la independencia judicial, que consideran menoscabada tanto por los proyectos normativos como por las intromisiones políticas en su actividad, lo cierto es que la variedad de motivos que aducen tiene mucho de defensa corporativa de sus intereses revestido, por una parte de la posibilidad de que la formación de los jueces sufra un deterioro, y por otro de que no se refuerce la independencia de los fiscales, influidos en este caso por la situación por la que atraviesa el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, como si su presencia fuera a ser permanente y no se produjeran sucesivas alternancias.

En el acceso a las carreras judiciales se pretende introducir un examen escrito sobre un caso práctico que sustituya a una de las dos pruebas orales, al igual que ocurre en el acceso a otros puestos de altos funcionarios del Estado. Es decir que el procedimiento ya está testado y parece el adecuado para que quienes hayan de juzgar demuestren que saben aplicar lo que han estudiado. A eso se añaden las sospechas de que becar a quien quiera preparar esas oposiciones, y que se creen centros públicos para la preparación de las oposiciones -que ahora realizan jueces en ejercicio y cuyos ingresos por ello, salvando la presunción de inocencia, a veces se cobran en “b”- puedan provocar un “sesgo ideológico”, se supone que progresista, demuestra un clasismo corporativista difícil de justificar, cuando, precisamente, las asociaciones mayoritarias de ambas carreras tienen carácter conservador y no ocultan sus preferencias políticas.

Que jueces y fiscales, además, pongan trabas y no digan abiertamente que se encuentran en huelga para evitar que se les detraiga la parte correspondiente de salario demuestra cual es el sentido que dan al derecho de huelga y que su protesta tiene carácter corporativo y político.