La impune lacra de la okupación e inkiocupación

El allanamiento y la usurpación de inmuebles en Galicia en los últimos 3 años (comparativa entre el 2021 y cierre de ejercicio del 2024) se ha incrementado un 20%, contrastado con los últimos datos conocidos del Ministerio del Interior. Y siendo las provincias de A Coruña y Lugo donde más han aumentado las presuntas ocupaciones ilegales de propiedades.

A la par, también existe un aumento considerable de los casos de inkiocupación. La inkiocupación es la “nueva fórmula” de entrar en un piso mediante un contrato de alquiler o con la pretensión de que se va a alquilar, dejar de pagar las cuotas y quedarse a vivir en la vivienda alegando vulnerabilidad. Con lo cual al propietario no le queda otra que iniciar lo más rápidamente posible un desahucio por impago de rentas para poder recuperar su propiedad. El perfil del inkiocupa difiere del okupa tradicional. Mientras el okupa, la casi totalidad de las veces, responde a un segmento de población marginal y drogadicción, o presuntamente delictivo directa o indirectamente, pues el perfil de inkiocupa es el de una persona que conoce las fisuras de la legislación actual para aprovecharse de las mismas de la peor de las maneras. Son personas que entran en el ratio de personas económicamente vulnerables, o que simplemente no tienen ética ni moral y todo les da igual. El Real Decreto-ley 1/2024 prorroga cuatro años adicionales (hasta el 2028) las medidas de suspensión de lanzamientos sobre la vivienda habitual para la protección de los colectivos vulnerables. Y esto está derivando en efectos dañinos colaterales, como es la inkiocupación de viviendas, aumentando así el temor de los propietarios a alquilar, con lo que se reduce aún más la oferta de viviendas en alquiler en el circuito de comercialización.

La problemática de la okupación de una propiedad se está cronificando en Galicia

En estos dos primeros años de entrada en vigor de la Ley de Vivienda se ha constatado que únicamente ha generado temor y desconfianza entre propietarios e inquilinos, lo que ha supuesto que la oferta de viviendas de alquiler habitual esté decayendo bruscamente frente al aumento de otro tipo de arrendamientos, como los temporales o por habitaciones, que se han quedado fuera de la regulación de esta Ley de Vivienda. Y, sobre todo, ha empeorado notablemente la situación de accesibilidad a una vivienda por parte de la ciudadanía que la necesita, en concreto, a las familias más vulnerables económicamente y la población más joven. Los efectos de esta ley están siendo muy negativos al incrementar los riesgos de los propietarios, la inseguridad frente a actuaciones vandálicas, y la propia ocupación. Precisamente, las inquiokupaciones se producen cuando finalizan los arrendamientos y los inquilinos no abandonan las viviendas.

La problemática de la okupación de una propiedad se está cronificando en Galicia, constituyendo ya un grave problema social al no existir una respuesta jurídica uniforme a un problema que se está enquistando en las grandes ciudades y municipios costeros más turísticos.

En definitiva, la realidad es que estamos peor que nunca y con unas perspectivas de empeoramiento de la situación en nuestra Comunidad Autónoma, debido a una legislación estatal agravada con la actual Ley de vivienda, y que no afronta la problemática actual en un contexto económico/social adverso.