Incoherencias no forzadas

Alguien tendría que explicar muy bien qué diferencia hay entre considerar a un procesado inocente y considerarlo culpable si con ello se trata de condicionar la acción de la justicia. Si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reitera, porque lo ha hecho desde el comienzo de las investigaciones sobre la supuesta revelación de secretos del fiscal general del Estado, la inocencia de Álvaro García Ortiz, la conclusión del líder de la oposición es que está tratando de interferir en la decisión de los jueces, nada menos que del Tribunal Supremo, y de paso de romper la independencia del poder judicial. Pero si toda la dirección del PP ya ha dado por condenada a la esposa y el hermano de Sánchez y al fiscal general, como se desprende no solo de infinidad de declaraciones públicas sino por el hecho de que han basado toda su labor de oposición en apoyar las investigaciones judiciales, manifiestamente mejorables, eso es respeto por la actuación de los jueces y no condicionarles en sus futuras actuaciones, máxime cuando algunos jueces pueden pensar en hacer méritos para el futuro.

Que las declaraciones de Feijóo hayan coincidido con el final de las tres primeras sesiones de la vista contra el fiscal general del Estado en el que no han aparecido pruebas de delito por la denuncia presentada por el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, puede ser mera coincidencia, pero resulta difícil soslayar la posibilidad de que también este pretendiendo “interferir”, en un tribunal en el que cinco de los siete magistrados son de tendencia conservadora. Cuando haya sentencia y se conozcan los hechos probados se comprobará cuál de los dos líderes llevaba razón al declarar la inocencia o insinuar la culpabilidad de García Ortiz.

Cuando haya sentencia y se conozcan los hechos probados se comprobará cuál de los dos líderes llevaba razón al declarar la inocencia o insinuar la culpabilidad de García Ortiz.

Feijóo insistió en que Sánchez ha terminado de dar la puntilla a la separación de poderes tras la reunión de la Junta Directiva del PP en Melilla, donde ha realizado un discurso en favor de la integración en la que conviven sus ciudadanos, al afirmar que “las dos ciudades autónomas son el laboratorio donde inspirar las políticas de tolerancia en España”. Dicho así parece una enmienda a la totalidad a la política migratoria que ha definido últimamente con un discurso que se confunde con el de Vox, donde las palabras tolerancia e integración brillan por su ausencia. En Melilla conviven españoles de tres religiones y de orígenes distintos, con el segundo partido más importante de la ciudad representando a la comunidad musulmana. Qué importante habría sido escucharle ese alegato tras los sucesos o las iniciativas que han alterado la vida de diversos pueblos. O que dejara de hablar de la inmigración con afinidad cultural con lo que se refiere a la preferencia por la procedente de los países latinoamericanos y excluyente de la que viene del norte de África, que es de donde son aquellos que conviven en Melilla.

La falta de memoria o quizá la incoherencia de Feijóo le llevan, además de a reafirmar la evidencia de la españolidad de las dos ciudades autónomas, a prometer llevar empresas e inversiones y a contribuir al desarrollo socioeconómico de Melilla a pesar de que el actual presidente de Melilla, Juan José Imbroda, gobernó dieciocho años seguidos entre 2000 y 2019 y ha vuelto a recuperar la presidencia de la ciudadanía autónoma en 2023. Es decir, proyectos educativos, sanitarios y de movilidad, en los que la ciudad podía haber avanzado bajo los sucesivos gobiernos populares y más con la coincidencia del PP en los gobiernos nacionales y autonómico.