Inmigración legal

Un mes atrás, con el título de “Canarias”, se dedicó una entrega de esta columna a un aspecto concreto de la inmigración: el relativo a los llamados “menores extranjeros no acompañados” o MENAS; y se anunciaba una posterior reflexión sobre las causas que provocan el flujo irregular de inmigrantes. Ante el reciente anuncio del Partido Popular abordando una serie de medidas al respecto, parece llegado el momento de afrontar la cuestión.

Como presupuesto, cabe recordar que la regulación de la extranjería configura una disciplina autónoma compleja, a medio camino entre el Derecho constitucional, el administrativo y el internacional (incluso, el penal); debiendo considerar la perspectiva española los compromisos internacionales, en especial, nuestra pertenencia al denominado “Espacio Schengen”, de libre circulación de personas.

Tal pertenencia implica, como mínimo, un límite para el regulador: la porosidad de las fronteras entre los países integrados en ese ámbito -inferior al del conjunto de la UE- obliga a alcanzar un acuerdo general entre sus Estados miembros sobre los criterios bajo los cuales se concederá permiso de entrada a los extranjeros que, una vez acceden, pueden circular por todo ese espacio (de hecho, el permiso se llama “Visado Schengen”).

Considerando este presupuesto -nada baladí- el planteamiento general del problema es, en realidad, bastante simple (aunque otra cosa bien distinta es su posible solución): las causas de la inmigración masiva hacia la UE, tanto en el caso de la regular como en el de la irregular, son exactamente las mismas, pudiendo reducirse a una sola, esto es, la pobreza o -con una expresión más políticamente correcta- “el deseo de una vida mejor”.

Ya lo dijo hará un año la presidenta de la Comisión Europea: la solución a la inmigración irregular está en la inmigración regular

Ahora bien, en el desequilibrio patente entre la inmigración irregular y la regular, cabe incluir otra causa que es, precisamente, la regulación en exceso limitadora de la inmigración regular. Esto es lo que provoca que, ante la desesperación por la falta de un futuro en países del llamado Tercer Mundo, algunas personas decidan arriesgar incluso su vida con tal de alcanzar la fortaleza europea, favoreciendo así el crecimiento de mafias y de traficantes.

Ya lo dijo hará un año la presidenta de la Comisión Europea: la solución a la inmigración irregular está en la inmigración regular. No se puede hablar más claro. Aunque hubiera sido de agradecer que, además de apuntar tan elocuente frase, hubiera dado una receta más completa en relación con los imprescindibles cambios que conviene abordar (según ya se indicó, no solo a nivel nacional, sino también en el conjunto del Espacio Schengen).

Dado que esta columna tiene un límite, basta con destacar una actuación específica: la necesidad de ampliar nuestro ridículo catálogo actual de ocupaciones de difícil cobertura, para que los empresarios con interés en contratar trabajadores extranjeros en (sus países de) origen puedan hacerlo más fácilmente, reduciendo los plazos y agilizando los trámites que impone la regulación actual. Es incompresible que esto no se haga ya.

Tal opción liberaría en cierta medida a la administración de otros engorrosos procesos selectivos, promovería la libertad de contratación y de competencia, dotaría de garantías y de seguridad jurídica tanto a empresarios nacionales como a trabajadores extranjeros y supondría, en suma, una vía legítima de entrada en nuestro país -y, por extensión, en el Espacio Schengen- para quienes desean contribuir con su trabajo al bien común.