Intercambio de golpes

Ni el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ni el que fuera presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que se ha visto obligado a acatar la decisión del tribunal de garantías sobre la aplicación de la ley de amnistía, se preocupan en disimular que sus diferencias son tan profundas que es imposible el entendimiento entre ellos, con acusaciones mutuas de incoherencia. Ambos juristas del más reconocido prestigio se han dedicado a intercambiar golpes en el que la última palabra la ha dicho, por ahora, el Supremo, después de haber recibido unas críticas contundentes por parte del Constitucional por sus reticencias a aplicar la ley de amnistía a los condenados por el “procés”.

A los magistrados del Supremo no les gustó nada que el Constitucional les reconviniera no amnistiar la malversación porque el alto tribunal consideraba que los líderes del “procés” se habían lucrado al disponer de recursos públicos, y no de su propio patrimonio, para financiar la aventura soberanista; que les reprochara que hubieran suplantado al legislador en el otorgamiento de la amnistía porque considera que amnistiar la malversación era la única decisión conciliable no sólo con las reglas de la lógica y del sentido común, sino también con una interpretación de la ley de amnistía que atienda a su espíritu y finalidad, y que subrayara “la manifiesta falta de coherencia” del Supremo dado que “la ley impugnada responde a un fin legítimo, explícito y razonable”.

El gran enfrentamiento se sustanció al día siguiente al señalar Marchena la “innecesaria grandilocuencia” utilizada por Conde-Pumpido

Antes de que el Supremo aplicara la amnistía a un grupo de dirigentes del “procés”, el instructor de esta causa, Pablo Llarena, al dejar sin efecto la orden de detención contra Carles Puigdemont, ya había criticado al Constitucional por “la falta de mesura” en su resolución. Pero el gran enfrentamiento se sustanció al día siguiente al señalar Marchena la “innecesaria grandilocuencia” utilizada por Conde-Pumpido con “el propósito de adornar un razonamiento invasivo del ámbito jurisdiccional que corresponde al Tribunal Supremo con expresiones llamadas a camuflar la intensidad de la injerencia”.

En apoyo de la decisión del Supremo, Marchena recurre incluso a las matemáticas judiciales al señalar que cinco magistrados del Tribunal Constitucional, además de los nueve de la Sala del Supremo, se han opuesto a la constitucionalidad de la amnistía frente a los siete progresistas que la han avalado, y que este “significativo” número de magistrados contrarios a aplicar la ley de amnistía “hace muy difícil aceptar con naturalidad la irracionalidad que se atribuye a la decisión recurrida”. Obvia el Supremo que la ley de amnistía fue avalada también por los quince jueces de la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que respaldaron la legalidad de la ley, precisamente ante una cuestión prejudicial presentada por el Supremo.

Las acusaciones mutuas de incoherencia, de injerencia y la desobediencia del Supremo a las decisiones de los poderes Ejecutivo y Legislativo no ocultan que se está ante un enfrentamiento de carácter político en el que el TC critica la imaginativa reinterpretación del delito de malversación, mientras que el Supremo considera que el TC se ha convertido en un tribunal de última instancia que suplanta su función. El Supremo recuerda al TC su deber de “contención argumental”, pero tampoco se aplica el cuento.