Una de las libertades más relevantes del ser humano es, desde luego, la libertad religiosa. Libertad que está recogida en prácticamente todas las Constituciones del mundo. En España la encontramos en el artículo 16 al proclamar que se garantiza la libertad religiosa sin más límite que el mantenimiento del orden público. Además, según este precepto, los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de los españoles y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Es decir, el Estado debe garantizar el ejercicio de la libertad religiosa, que obviamente no puede servir de fundamento para la violencia o la apología del delito. Además, el Estado, por mandato constitucional debe cooperar con las Confesiones religiosas precisamente para hacer efectivo ese derecho. Reconocimiento del derecho fundamental y cooperación son, por tanto, las obligaciones constitucionales que deben caracterizar la tarea del Estado en esta materia.
La dimensión espiritual, que integra el aspecto religioso obviamente, es un componente, guste mucho, poco o nada, de la realidad. Es un elemento estructural del ser humano, que lo desarrollará si quiere o no. El Estado no es confesional, no tiene religión oficial. Es verdad. Pero eso no quiere decir, como entiende el pensamiento único del momento, que el Estado deba impedir que la dimensión religiosa del ser humano tenga acceso al espacio público. En ese caso, en lugar de separación Iglesia Estado, lo que se produciría es, lisa y llanamente, entorpecimiento, hostigamiento al legítimo desarrollo de la dimensión espiritual del ser humano. De ahí que se pretenda eliminar del espacio público todo símbolo religioso, como si la función del Estado de garantizar la libertad religiosa consistiera en confinar las prácticas religiosas a la conciencia personal, a la sacristía, vedando su lógica expresión pública. ¿Quién ha dicho que el Estado, el gobierno de turno, sean los dueños y señores del espacio público?.
España, guste más, menos o nada, es un país con una tradición determinada, bien estudiada a lo largo del tiempo. Somos parte de Europa y, por ello, las señales de identidad del viejo continente, por mucho que ahora se quieran borrar, conforman la personalidad y la idiosincrasia de nuestro país. La filosofía griega, el derecho romano y el cristianismo, además, conforman y dan vida a las instituciones y a la cultura europea. La separación entre la Iglesia y el Estado, bien lo sabemos, es obra del cristianismo, la abolición de la esclavitud todos sabemos a quien se debe y la instauración de las primeras instituciones de enseñanza superior está bien documentada en cuanto a sus orígenes y sus causas, próximas o remotas. Son muchos años, muchos, de historia en los que, efectivamente, un crucifijo es algo más que un símbolo religioso: es la señal de la comprensión, del sufrimiento por el otro, del perdón, cualidades y valores humanos, por cierto, que debieran pernear más la vida social y económica del presente. En su lugar, las terminales mediáticas del sistema de consumo insolidario, animado y estimulado también desde el progresismo de salón, intentan a toda costa mantener la posición y el estatus de una minoría que pretende imponer una determinada manera, legítima, del sentido de la vida y del ser humano que debe estar presidida por la libertad.
El propio preámbulo de nuestra Constitución, preterido y olvidado sorprendentemente, dice con toda solemnidad que nuestra Norma Fundamental debe proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. En efecto, hay que proteger la cultura y las tradiciones de los pueblos de España y de los españoles, que en una mayoría significativa se identifican con la cultura cristiana, tal y como muestran permanentemente las encuestas.
Finalmente, el artículo 9.2 de nuestra Carta magna dispone claramente que la función de los poderes públicos debe ir orientada a promover las condiciones para que la libertad sea real y efectiva. Es decir, el Estado debe facilitar que cada español practique la religión que quiera, que lleve, si es de su gusto, los símbolos que le vengan en gana, y que existan instalaciones para el ejercicio de este derecho fundamental.
En fin, que ahora se anuncie una ley dirigida, de nuevo, como la memoria histórica, a dividir a los españoles, a fragmentar de nuevo la sociedad, es, para mí, y con todos mis respetos a personas que conozco y aprecio, la demostración palpable de que la Constitución española debe volver a resplandecer y seguir siendo ese amplio espacio de acuerdo, concordia y tolerancia que en estos momentos tanto precisamos en nuestro país.
