Unos "jodidos", otros encantados

El portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, se ha erigido en el principal altavoz de los socialistas que consideran que la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por una serie de delitos relacionados con la corrupción política y económica al declararse “jodido” y afirmar que “Si esto es verdad, es una mierda”, como resumen del sentir de aquellos socialistas que no se imaginan que quien es su referente político y moral, el presidente que amplió derechos y libertades y adalid del “no a la guerra”, ha podido caer subyugado por el dinero y acaba de echar por tierra una pretendida superioridad moral de la izquierda.

Pero no solo interpretó el sentir de los socialistas: “Tienen que entender que mucha gente de izquierdas en este país, más allá de sus banderas, que esto le rompe el corazón”, y se adentró por el camino de las motivaciones de la investigación sobre Zapatero para afirmar: “Si esto es mentira, es una mierda aún mayor, que hemos visto muchas veces”, y hablar de una “cacería judicial”, aunque el resto de socios de Sánchez, y el propio Gobierno, ha aparcado la mención al “lawfare” ante la contundencia indiciaria del auto del juez José Luis Calama, del que se reconoce su solvencia en contraposición al juez Juan Carlos Peinado.

La sesión de control al Ejecutivo ha sido el compendio de las posiciones y de las intenciones que sugiere la investigación sobre Rodríguez Zapatero. Defensa sin fisuras de su honestidad por parte de Pedro Sánchez y el resto de miembros socialistas del Ejecutivo; fiereza sin resquicios por parte de los portavoces del PP interesados en relacionar a Zapatero con Sánchez para fijar la idea de que el Consejo de Ministros es el verdadero centro que permite la corrupción de los sucesivos dirigentes socialistas imputados. En la oposición no podían ocultar su satisfacción por que se apagara el “faro moral” de la izquierda.

La respuesta de Sánchez a la imputación de Zapatero ha sido muy distinta a la que mantuvo con sus dos exsecretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, relegados del partido de forma inmediata. Sin embargo, entre los tres hay una línea de actuación común, la de negar los hechos de forma inmediata. Ábalos lo hizo de forma reiterada antes de que se estrechara el cerco judicial sobre él. Santos Cerdán recibió el auto de investigación en su mismo escaño del Congreso, y Zapatero ha editado un video exculpatorio.

La reacción de los partidos que apoyan al Gobierno es cada vez más matizada y prudente e insisten en la necesidad de explicaciones urgentes que contribuyan a apuntalar la presunción de inocencia de Zapatero, y políticamente se acuerdan de la necesidad de abordar una serie de reformas para delimitar claramente dónde termina la labor de los lobistas y comienza el tráfico de influencias, y cuáles son los límites de la actuación de los ex presidentes del Gobierno. Ni desde el lado de la jurisprudencia ni de la práctica política se ha dado respuesta a estas dos cuestiones.

Pedro Sánchez triunfó en la moción de censura contra Mariano Rajoy con su propuesta para acabar con la corrupción. Feijóo se ha comprometido “a acabar con todo esto”, cuando acceda a La Moncloa. Cuando Sánchez llegó al Gobierno venía precedido de un gobierno socialista de Zapatero que no había tenido ningún ministro imputado. Feijóo lo hará con un ministro del Interior juzgado por un delito de lesa democracia y con un mago económico investigado porque hacía leyes a demanda. Tampoco es un buen pedigrí.