El Poder judicial se bloquea

Una vez más, el Consejo General del Poder Judicial se ha visto incapaz de alcanzar un acuerdo para nombrar a los presidentes de la Sala Segunda de lo Penal, y de la Tercera de lo Contencioso-Administrativo, porque ninguno de los candidatos propuestos por cada uno de los sectores, progresista y conservador, ha logrado alcanzar los trece votos que precisan para su designación, tras la reforma realizada cuando se logró desbloquear la renovación del órgano de gobierno de los jueces y se estableció la necesidad de que los nombramientos se realizaran mediante mayorías reforzadas.

La primera discrepancia que deben resolver los veinte vocales del CGPJ más su presidenta, Isabel Perelló, es el género de quien debe ocupar ambas presidencias. Los diez vocales progresistas han presentado las candidaturas de Ana Ferrer para la Sala encargada de juzgar a los políticos aforados ante el Supremo que protagonizan los casos más sonados de corrupción política, e Isabel Teso, para la Sala que se encarga de controlar las actuaciones del Gobierno, por cuanto consideran que ambas Salas deben estar presididas por mujeres para cumplir con la ley de paridad, en lo que respecta a las presidencias de las salas del Supremo. Frente a ellas los conservadores proponen a Andrés Martínez Arrieta, para la Sala de lo Penal, y de Pablo Lucas para la Sala Tercera. Se da la circunstancia de que ambos ocupan ya de forma interina la presidencia de ambas. El primero, tras la jubilación del magistrado Manuel Marchena; y el segundo, al haber sido nombrado magistrado del Tribunal Constitucional su anterior presidente, César Tolosa.

El consenso no se ha podido extender ni a los presidentes de las salas “políticas” ni al establecimiento de un sistema para la elección de los vocales del CGPJ

Esta circunstancia es relevante por cuanto el sector conservador no se ve animado ni urgido a avanzar en el pacto, dado que sus candidatos son los que ya están ocupando los cargos a los que aspiran. Y dada la tenacidad con la que el sector conservador se emplea para bloquear nombramientos o renovaciones cuando les interesa políticamente, ambas salas pueden verse en la situación de interinidad por tiempo indefinido.

El deseo de ambos sectores del CGPJ por controlar las dos presidencias de las salas claves en las que la interferencia entre política y justicia es más evidente es la mejor prueba de que no renuncian a la utilización política de la justicia, a eso que tanto detestan que se les recuerde, el lawfare, del que hay muestras sobradas en los últimos tiempos en todos los niveles de la judicatura, con decisiones presuntamente rebeldes e instrucciones manifiestamente mejorables y alargadas artificialmente.

Recientemente, en unos nombramientos técnicos, la presidenta del CGPJ y un vocal progresista de procedencia de Sumar unieron sus votos a los del sector conservador para sacar adelante una serie de designaciones para los que no era precisa una mayoría cualificada. Dos cambios de bando que por el momento no afectan a aquellos que precisan mayoría cualificada y no parece que puedan producirse otros más que den el predominio al sector conservador a la hora de las designaciones más relevantes.

El consenso que ha funcionado para la designación de 80 magistrados para cubrir las vacantes de los principales órganos jurisdiccionales no se ha podido extender ni a los presidentes de las salas “políticas” ni al establecimiento de un sistema para la elección de los vocales del CGPJ en próximas renovaciones, donde chocan aquellos que defienden los intereses más corporativistas frente a quienes promueven la intervención parlamentaria.