Jueces y fiscales, un retroceso a la carrera judicial

Todas las asociaciones de jueces y fiscales, exceptuando las progresistas, han anunciado que la reforma del acceso a ambas carreras fiscales que ha propuesto el Gobierno “supone un serio retroceso”, en cuanto al Estado de derecho y “amenaza la independencia judicial y los principios constitucionales”.

El Consejo de Ministros aprobó enviar al Congreso de los Diputados, para que inicie la tramitación parlamentaria del “Proyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal”. Dicho texto significa la primera “gran revisión estructural de la Ley Orgánica del Poder Judicial en los últimos 40 años”.

Esta reforma “traspasa competencias que hasta ahora ejercía el Gobierno como el nombramiento de los fiscales más relevantes”

La cuestión es que, una vez más, la judicatura levanta la voz, por estar en desacuerdo tanto con el fiscal jefe, cada vez mas cerca de acabar en manos del Tribunal Supremo, como con el propio ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños quien ha presentado dicho anteproyecto que ahora mismo ha suscitado las discrepancias de estas asociaciones de jueces y fiscales. Dicho ministro ha manifestado que ”la norma mejora sustancialmente la carrera judicial” añadiendo que “es una reforma valiente” que va a atraer talento y a incrementar el número de jueces, fiscales y magistrados” y luego: “creo que se adapta a una sociedad cada día más exigente y a unos estándares europeos que son muy altos”. El ministro asegura que quieren que sigan accediendo “los juristas más sobresalientes a la carrera judicial y fiscal y también aquellos juristas sobresalientes, excelentes, que hasta la fecha no podían permitírselo”.

Estas cinco asociaciones continuaron manifestando que “las reformas descritas suponen un serio retroceso” generando “un acceso arbitrario a la judicatura, restringir la participación democrática en órganos de gobierno y someter instancias clave a criterios partidistas”. Comprometen directamente el derecho de la ciudadanía a una justicia profesional, “imparcial e independiente y que será una reforma de gran calado”.

Otra controversia es respecto al examen oral mediante el cual el turno libre tendría que haberse incluido sin la necesidad de tener que rebajar “las exigencias de conocimiento” y que estas asociaciones “supone una vuelta atrás de 30 años y un incremento de la subjetividad en la evaluación contrario a los principios constitucionales y que nos solicita Europa”.

A todo esto, mientras el Gobierno aprobó la ampliación del mandato del fiscal general a cinco años “para desligarlo de la legislatura a partir de 2028”. Ya no podrá ser cesado por pérdida de confianza sino “por incumplimiento grave de sus funciones previo informe del CGPJ”. Esta reforma “traspasa competencias que hasta ahora ejercía el Gobierno como el nombramiento de los fiscales más relevantes”. Dicho de otra manera, otra acción del Ejecutivo para “enmarcar” a García Ortiz.