La justicia del embudo

Todos hemos escuchado la famosa metáfora de la “ley del embudo”: lo ancho para mí y lo estrecho para ti. Ignoro si en inglés existe un dicho equivalente, pero si no lo hay debería crearse para explicar en términos símples y didácticos la relación del actual presidente de los Estados Unidos con la justicia. Pese a haber comparecido ante los tribunales en un número de ocasiones indigno de quien tan alto cargo ocupa, no parece que se le haya pegado mucho del mundo del Derecho.

El movimiento MAGA no quiere gente morena ni de habla española. Sí quiere en cambio a los groenlandeses, porque esos son pocos y se les podrá asimilar fácilmente

Nada más llegar de vuelta a la Casa Blanca, vez convicto de treinta y cuatro delitos, ha iniciado una insólita cruzada contra los bufetes que defendieron a sus oponentes en los juicios de los últimos años, o participaron con dictámenes e informes en los procesos de juicio parlamentario contra él. Su visión patrimonialista del poder político es evidente, tosca y feroz, y de la misma manera que niega ilegalmente el acceso a las ruedas de prensa del gobierno a algunos de los principales medios del país, ha ordenado segar la hierba bajo los pies a esos bufetes “enemigos”, vetando su acceso a concursos públicos.

Pero eso no es nada en comparación con la cruzada que ha lanzado contra los jueces. Musk incluso se ha permitido, pese a su cargo semipúblico de cuasiministro, a injerirse en una elección judicial hace unas semanas, ofreciendo un millón de dólares a quienes demostraran haber participado en una petición a favor de su candidato. Esa forma alambicada de semicomprar votos, en las fronteras de lo legal, se saldó con un sonoro fracaso, pero Musk y el resto de la guardia pretoriana presidencial continúan arremetiendo una y otra vez contra diversos jueces, y se permiten difamarlos en redes señalándolos con nombres y apellidos como “jueces militantes”. Ni siquiera en la Polonia del anterior gobierno nacional-populista se había llegado a eso, aunque sí a invadir las competencias de nombrar y cesar a todos los togados, como en realidad busca ahora, también, el presidente estadounidense.

La “ley del embudo” tiene su más deplorable expresión en el trato que reciben hoy quienes vandalizan un concesionario de Tesla y quienes vandalizaron el parlamento del país el 6 de enero de 2021. A los primeros, su intolerable delito les hace acreedores de todo el peso de la ley en forma de una persecución extrema del Departamento de Justicia. Pero a los segundos, su delito, que fue infinitamente más grave, les ha sido perdonado mediante un indulto masivo a todos los golpistas que allanaron en esa fatídica jornada la sede de las dos cámaras del parlamento. Ese indulto fue inmoral. Las imágenes del allanamiento son una mancha indeleble en la historia del país y en la del nacional-populismo americano y mundial. Los gritos de dolor del policía atrapado entre la hoja y el marco de una de las puertas perseguirán por siempre a la democracia americana señalando una de sus páginas más negras. A aquellos bárbaros se les indultó de un plumazo y ahora, encima, se les van a reembolsar las sanciones que ya habían pagado. Doble vara de medir… ley del embudo. La misma ley que esta administración emplea contra los ciudadanos extranjeros que residen en el país, incluso legalmente. El caso del salvadoreño deportado por error y sin delitos tras más de una década viviendo legalmente en el país es clamoroso. Subyace un fuerte racismo antihispano, el mismo que impide la normalización de Puerto Rico como un estado más de la Unión, tal como han decidido en referéndum los habitantes de la isla.

El movimiento MAGA no quiere gente morena ni de habla española. Sí quiere en cambio a los groenlandeses, porque esos son pocos y se les podrá asimilar fácilmente. Para la camarilla del 1600 de la Avenida de Pensilvania, merece la pena asumir cincuenta mil inuit a cambio de las tierras raras, la hegemonía sobre el Ártico, el acoso a Canadá y humillar a la UE, pero incluso para esto es ofensiva la propuesta: diez mil dólares al año por ciudadano. ¿Qué pasaría si vinieran aquí a decirnos “españoles, os doy ochocientos eurillos al mes a cambio de dejaros invadir? Sí, hay doble vara de medir en cuanto al trato a los puertorriqueños, que son ya a pesar de todo ciudadanos del país aunque no sean aún estado, y el ideado para los groenlandeses. Pero el presidente presume ahora de que no habrá doble rasero, en cambio, para empezar a mandar incluso a ciudadanos americanos a la macroprisión salvadoreña actual y a las “cinco más” que le ha pedido a Bukele. Eso, por supuesto, es ilegal. Toda pena se ha de cumplir bajo tutela judicial efectiva. Y sobre todo, es ilegal desacatar una orden directa del Tribunal Supremo, adoptada además por unanimidad. Esto ya no es una crisis constitucional, sino un autogolpe blando que rasga el marco jurídico-político del país y anuncia, en el fondo, un cambio de régimen. Forzar la ley para un tercer mandato presidencial forma parte del mismo plan. En un país normal, como Corea del Sur hace poco, la policía ya estaría llamando a las puertas de la residencia presidencial con una orden de arresto contra el infractor. Porque no es un emperador, sólo es un presidente.