Sin una justicia independiente no hay democracia

La Justicia es el pilar fundamental sobre el que se asienta cualquier Estado de Derecho. Es el mecanismo que garantiza la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, protege los derechos fundamentales y preserva el equilibrio democrático.

Sin embargo, en España este ideal se ha visto gravemente comprometido en los últimos años.

La Fiscalía General del Estado, órgano que debería estar caracterizado por su independencia y neutralidad, ha sido una de las principales víctimas de esta politización

A quien su vocación y compromiso con la justicia lo llevaron a dedicar su vida a esta noble causa, se enfrenta hoy a un profundo desencanto y amargura debido a la politización, que, a su juicio, ha corrompido las instituciones judiciales del país.

La Fiscalía General del Estado, órgano que debería estar caracterizado por su independencia y neutralidad, ha sido una de las principales víctimas de esta politización. “¿De quien depende La Fiscalía? pues eso”. A lo largo de estos últimos años la designación de los fiscales generales ha estado marcada por su afinidad política con el Gobierno, lo que, como no podría ser de otra manera, ha sembrado dudas sobre su imparcialidad.

El Tribunal Constitucional, que debería ser el guardián último de la Constitución y de los derechos fundamentales, tampoco ha escapado a esta dinámica

A mi juicio la situación ha alcanzado tal punto crítico, que se percibe más la justicia como un instrumento de poder que como un bastión de equidad. Veo con gran preocupación como la Fiscalía se va alejando cada vez más de su función originaria y lamento profundamente la pérdida de credibilidad que ello supone para la institución. En lugar de ser percibidos como garantes de la ley, los fiscales somos vistos en la actualidad, por buena parte de la opinión pública, como piezas de un tablero político donde las decisiones que tomamos pueden estar influenciadas, directa o indirectamente, por intereses ajenos a la justicia.

El Tribunal Constitucional, que debería ser el guardián último de la Constitución y de los derechos fundamentales, tampoco ha escapado a esta dinámica. La designación de sus magistrados, basada en cuotas políticas, ha desvirtuado su independencia. Decisiones que deberían asentarse en la interpretación objetiva de la Constitución son, cada vez más, percibidas como resoluciones que responden a los intereses de los partidos políticos que promovieron a tal puesto a los magistrados. La politización del Tribunal Constitucional no sólo mina la confianza en el sistema judicial sino que también pone en riesgo la estabilidad del marco constitucional Español.

La situación es especialmente grave cuando se considera el impacto que esto tiene en la percepción pública de la justicia. La ciudadanía, cada vez más escéptica, empieza a desconfiar de un sistema que debería ser su último refugio ante los abusos de poder. Observo con absoluta impotencia cómo la sociedad pierde cada vez más su fe en la justicia. Lo que debería ser un proceso transparente y equitativo, ahora se percibe como una lucha de intereses en el que la verdad y el derecho son, en el mejor de los casos, secundarios.

Mi amargura es no solo por lo que ha sido, sino por lo que temo que vendrá. La erosión del sistema judicial no es un fenómeno que se detenga por sí solo, al contrario, tiende a profundizar si no se toman medidas correctivas. De seguir por esta vía, me temo que podremos entrar en una espiral de desconfianza institucional dónde la justicia será vista no como un derecho, sino como un lujo al alcance de quienes tengan el favor del poder.

La verdadera justicia es aquella que actúa sin temor ni favor, aquella que no se inclina ante los poderosos y que protege a los vulnerables. Es la que defiende el orden constitucional sin importar el coste político. Siento que esta visión de la justicia se está convirtiendo en un ideal utópico cada vez más lejano de la realidad.

No es demasiado tarde para revertir esta tendencia, pero para ello es necesario un compromiso renovado con los principios de independencia judicial y de respeto a la ley. Ello requiere no solo reformas estructurales sino también un cambio en la cultura política del país, donde los partidos reconozcan que la justicia no es un herramienta más de su arsenal, sino un pilar que sostiene la democracia.

Aunque muy desencantado, aún mantengo la esperanza de que la sociedad y los responsables políticos tomen conciencia del peligro que supone la politización de las instituciones judiciales, porque al final, sin una justicia auténticamente independiente, no puede haber ni democracia ni Estado de Derecho que valga.