La laicidad de doble rasero

Una guía del Ayuntamiento de Barcelona dirigida a los centros educativos sugiere no bailar ni poner música durante el Ramadán, porque “algunas personas musulmanas pueden considerar la música o la danza como una actividad no idónea”. Más allá del contenido concreto de la recomendación, este episodio viene a demostrar como en la España contemporánea se ha ido consolidando una forma peculiar de laicidad institucional que se presenta cómo neutral pero que, en la práctica, actúa con criterios distintos según la religión de que se trate.

En nombre de la neutralidad del Estado, las referencias cristianas son cada vez más cuestionadas en el espacio público. No faltan ejemplos: belenes retirados de edificios oficiales, celebraciones escolares de Navidad cuidadosamente despojadas de su contenido religioso o debates periódicos sobre la presencia de símbolos cristianos en instituciones públicas.

Sin embargo, ese mismo principio de neutralidad adopta un tono muy distinto cuando se trata de reconocer otras expresiones religiosas. En esos casos el discurso institucional se desplaza hacia conceptos como diversidad, inclusión o reconocimiento cultural. Lo que para unos se interpreta como un vestigio histórico que conviene limitar, para otros se presenta como una identidad que merece protección.

Una sociedad plural, puede y debe, reconocer la diversidad religiosa que caracteriza a la España actual

La paradoja resulta especialmente llamativa si se recuerda el espíritu con el que se diseñó el marco constitucional español. Los constituyentes buscaron deliberadamente un modelo que evitara tanto el confesionalismo, como el anticlericalismo de otras etapas de nuestra historia. El artículo 16 estableció que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”, pero añadió inmediatamente que “los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española”.

No era una frase menor. Con ella se intentaba reconocer una realidad evidente: la identidad cultural de España está profundamente marcada por el cristianismo, al tiempo que la democracia debía garantizar la plena libertad religiosa en una sociedad plural. Este modelo no pretendía borrar la tradición cultural del país, sino integrarla en un marco democrático de respeto mutuo.

Una sociedad plural, puede y debe, reconocer la diversidad religiosa que caracteriza a la España actual. Pero ese reconocimiento no debería construirse negando o diluyendo la tradición cultural que ha configurado durante siglos la identidad colectiva del país. Como advirtió el pensador francés Alexis de Tocqueville, “las instituciones libres reposan sobre las costumbres, y las costumbres reposan sobre las creencias”. Cuando una sociedad comienza a tratar con desdén las creencias que han moldeado sus propias costumbres, corre el riesgo de debilitar también los fundamentos sobre los que descansa su convivencia.

En un estado democrático, respetar las creencias mayoritarias de la sociedad no convierte en confesional. Al contrario, la neutralidad democrática consiste en reconocer la mayor influencia de la mayoría sin otorgarle privilegio. Pero dar un trato especial a las creencias minoritarias sería una frivolización del respeto, que debilita el Principio de Igualdad que debería guiar a todas las políticas públicas. La verdadera neutralidad no consiste en favorecer ni subestimar a nadie, sino en garantizar que todas las convicciones, mayoritarias o minoritarias, se traten con el mismo respeto.