Lo de Leire Díez y la UCO, aparte de un caso, es un síntoma

Escribe Juan Antonio Zarzalejos que “cuando la corrupción se banaliza tiende a expandirse y, al tiempo, a merecer por parte de los corruptos un juicio que adormece sus propias conciencias”. En ese clima, lamentablemente, se viene desarrollando en los últimos años, el ámbito de la política en España. Ya los pensadores romanos como Cicerón nos lo advirtieron con sentencias como “Est aliquid peius quam corruptus vel amoralis, qui eum sequuntur, suscipiunt vel admirantur”. O sea, “Hay algo peor que el corrupto o el amoral, que siguen, reciben o admiran”. Lo peor de determinados sujetos no son sólo ellos mismos, sino que tengas partidarios y seguidores. Y hacen lo que sea para respaldarlos o lograr sus objetivos.

La descomposición del Estado, por una parte, con las cesiones al independentismo catalán y por otro el ataque y desprestigio a las instituciones y las personas que lo sostienen, jueces, policías, guardia civil, periodistas críticos o ciudadanos que también lo son, enmarca la etapa actual de nuestro presente. Y la mejor expresión es lo que dice uno de los elementos esenciales de lo que el citado llama “mayoria social de progreso”, el ex etarra Arnaldo Otegi, quien afirma que para alcanzar sus objetivos primero hay que “romper España”. Y están en ello. Y ahora anuncian la reforma del Derecho al Honor, como si no estuviera ya bien regulado.

Conviene fijarse en el alcance del contenido de los propios audios filtrados donde la conversación denota una predisposición al chantaje

El estruendoso silencio oficial del PSOE con respecto al comportamiento maquinador de su militante y ex alto cargo de Correos Leire Díez es apenas una evidencia visible de la catadura de la tropa que se alista, beneficiada por cierto en el reparto de empleos que se dispensa para premiar a personajes como éste. Antes de intentar desprestigiar al teniente coronel responsable de la UCO, presentaba ya un completo historial. En noviembre de 2021 la colocaron en Correos, por parte de su máximo responsable, Serrano, persona de confianza de Sánchez. Desde que El Confidencial reveló la actividad de Leire Díez Castro para desacreditar a la UCO -en un momento en el que se multiplican las investigaciones judiciales a miembros tan cercanos a Sánchez como su propia esposa-, el PSOE no sólo ha marcado distancias con la supuesta fontanera, sino que ha negado cualquier tipo de vinculación. “Ni está ni ha estado a sueldo de Ferraz”, señaló la portavoz de la ejecutiva, Esther Peña. El actual portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López se ha limitado a decir que “la conoce como militante”. Y nada más.

Conviene fijarse en el alcance del contenido de los propios audios filtrados donde la conversación denota una predisposición al chantaje, es decir, la minuciosa preparación para un delito de alcance. Leire Díez Castro, periodista, por cierto, ofrecía a empresarios sentarse con la Fiscalía a cambio de pruebas contra el teniente coronel jefe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO). Pero ahora dice que todo era una ficción para “para un proyecto literario que tiene entre manos”. Y ahora, el enredo se complica con la aparición de otros personajes del mismo o parecido jaez. Era conocida por el empleo de desmesurada violencia verbal en las redes, prodigando toda suerte de insultos a los discrepantes o miembros de otros partidos. Es una cualificada “miembra” de las cohortes de Santo Cerdán, o sea, de la persona actualmente más próxima a Sánchez dentro del partido.

Mala semana esta para Pedro Sánchez, porque aparte del asunto del intento de desprestigiar la UCO, en la cumbre del Consejo de Asuntos Generales en Bruselas, se ha retrasado que pueda cumplir su compromiso con Puigdemont de convertir al catalán en lengua oficial, es decir, como la propia de un Estado, dentro de la Unión. Se demora el que el presidente del Gobierno cumpla una parte del lote completo con que paga los siete votos de Junts para seguir en la Moncloa. De momento, la amnistía, y en marcha la Hacienda propia catalana y la cesión de fronteras. Resulta vergonzoso ver al ministro de Exteriores Albarés, mendigando a otras naciones soberanas que de siete Estados para que le permitan a Sánchez el pago de lo pactado. Porque si lo que Puigdemont le impone a Sánchez, se abriría un precedente para que dentro de la Unión fueran de uso oficial medio centenar de lenguas. Pero, en la pretensión actual, frenada sobre todo por el costo, España, o sea, los contribuyentes españoles, estaría dispuesta a asumir el costo, o sea, de los traductores y el nuevo servicio. Y ni eso convence a los siete países que han bloqueado el asunto.