La ley Bolaños

El poder judicial atraviesa una retahíla de circunstancias donde todo que más que está revuelto, desde los tinglados que protagoniza el actual fiscal general del Estado en España es Álvaro García Ortiz hasta la preponderancia que protagoniza el presidente del Tribunal Constitucional es Cándido Conde-Pumpido Tourón habiendo decidido el acuerdo por mayoría de dos votos la sentencia sobre la ley de amnistía. Y sin olvidarnos la huelga que mayoritariamente ha llevado a cabo jueces y fiscales rechazando la propuesta de Bolaños, quien asegura que “la reforma judicial no compromete la independencia de jueces y fiscales”.

Recalcó la importancia del debate y aprobación de leyes en el Congreso y el Senado sin sujeciones ni coacciones externas”

Precisamente, Isabel Perelló, presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, ha señalado su apoyo a todos los magistrados del alto tribunal y a los miembros de la Carrera Judicial que soportan “descalificaciones constantes de quienes discrepan de sus decisiones”. Quiere que se recupere “el respeto que merecen los tribunales y quienes los sirven y ha tildado las manifestaciones públicas “que cuestionan a jueces concretos de impropias de un Estado democrático avanzado al minar la confianza de los ciudadanos”. Perelló ha lamentado “la pérdida del respeto que merecen personas e instituciones y, especialmente, los tribunales de justicia y quienes los sirven, haya llegado a niveles que nunca debería haber alcanzado”.

Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en sus declaraciones señaló que “ni una sola línea de las propuestas de reforma del Gobierno incide negativamente en la independencia de la judicatura”, expresando su descontento “por los agravios dirigidos hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contra él” en una manifestación de jueces y fiscales ante el Tribunal Supremo. Recalcó la importancia del debate y aprobación de leyes en el Congreso y el Senado sin sujeciones ni coacciones externas”. En relación con esas reformas indicó que posibilitaran una “carga de trabajo más razonable en ambas carreras, con la incorporación de 2.500 nuevos jueces y fiscales en los próximos años”.

El caso es que esta huelga, suscrita por cinco asociaciones que se ha sumado a la iniciativa exigiendo la retirada de la ‘Ley Bolaños’, ha puesto de manifiesto que las medidas introducidas por el mencionado Proyecto de Ley Orgánica “no solucionan verdaderamente los problemas reales de la Administración de Justicia” y consideran que “tanto la reforma de los actuales procesos de selección de jueces y fiscales como la posible estabilización de cualquier profesional del Derecho que, con cinco años de ejercicio profesional, pueda devenir miembro de cualquiera de las dos carreras elaborando un dictamen, juegan en detrimento de la profesionalidad de la Justicia y de la independencia del proceso selectivo”.

Ante dicha huelga, el Gobierno reclamó al Poder Judicial y a la Fiscalía los datos de los jueces y fiscales “huelguistas para descontarles el salario”. Esta misma fuente, justifican que el propósito es “conocer el seguimiento de la convocatoria y detraer el salario de quienes la secunden” y precisan que esta comunicación es necesaria “para asegurar el buen uso de los fondos públicos, ya que el ministerio es el organismo pagador de jueces, fiscales y magistrados”.