Los políticos y los procesos judiciales

Varias asociaciones judiciales han manifestado a la Unión Europea su “preocupación” por las reformas que pretende el Gobierno en materia de Justicia, y la asociación mayoritaria denuncia “un deterioro del Estado de derecho en España”. No cabe duda que de un tiempo a esta parte el poder judicial está atravesando diversas vicisitudes que afectan al colectivo de la judicatura mientras el Gobierno está organizando el futuro judicial.

¿Por qué esta premura del Ejecutivo en modificar estas reformas en la Justicia?. Esa es la cuestión, que sin embargo obedece a un cambio la clase política. En un artículo de José María Olmo, “El perfecto político corrupto”, escribe: “La corrupción ha contaminado hasta el último rincón de España, pero en los partidos políticos ha encontrado el mejor hábitat para instalarse, fortalecerse y expandirse”, y precisa: “Si alguna enseñanza está dejando la camorrización de la política es que sus máximos responsables manejan con destreza un manual que les permite escapar de la acción de la Justicia o limitar sus consecuencias”.

El caso es que tanto la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) como la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, que son la primera y la segunda de la carrera judicial, respectivamente, han manifestado a los eurodiputados dicha “preocupación” por estas reformas que el Gobierno, y en concreto Félix Bolaños García, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, está poniendo en marcha mientras Juezas y Jueces para la Democracia habían afrontado campañas de “desprestigio” tanto al Poder Judicial como al Tribunal Constitucional. Por su parte, la APM, de carácter conservador, ha sido más categórico al reconocer que lo que considera un “deterioro del Estado de derecho en España” es debido a un “empeoramiento del clima institucional” y también de “la percepción pública sobre la independencia judicial”.

El caso es que en este contexto, Juezas y Jueces para la Democracia han expresado que “los distintos ataques de responsables políticos que no constituyen crítica a la labor judicial, sino intento de desacreditar al Poder Judicial” o, lo que es lo mismo, muestran su “indignación por las continuas descalificaciones del Poder Judicial procedentes del Ejecutivo cuando no comparte determinadas resoluciones”, o sea, que se convierten en “cuestionamientos sistemáticos de la independencia de los jueces”. Y mientras, organismos internacionales están pendientes de la famosa reducción de los casos de aforamiento que aún perdura entre la clase política española y que es una permanente amenaza que mantenemos a la vuelta de la esquina y que es un forma de mantener que el político permanezca a resguardo frente a la Justicia.

Como dice José María Olmo: “Debes mantener tu escaño o tu puesto en el partido hasta el último segundo y evitar que desaparezca de la vida pública”. Por eso es primordial mantener el aforamiento.