La Ley del Candado divide en dos la ciudad

Cada cual trataba de arrimar las ascuas a su sardina. Unos decían que Ourense era clerical; otros, liberal. Lo cierto fue que La ley del Candado, vino a agitar los ánimos de por sí, ya revueltos, tras los coletazos que aún se dejaban sentir por lo acaecido en la Semana Trágica en Barcelona. Poner orden, en aquel desaguisado, le había pasado factura al gobierno de Maura. Y, en este escenario político complejo, en el que se aceleraba una evidente fractura entre dos grupos ideológicamente opuestos, el ferrolano Canalejas venía a ser un muro de contención.

Por fortuna, frente a la ceguera partidista vigente, su clarividencia política, cimentada en una formación humanista -había cursado Filosofía y Derecho-, le impulsó a buscar alivio en la regeneración de las instituciones, tanto militares -Ley sobre servicio militar obligatorio-, como religiosas -Ley del Candado-. Es, precisamente, esta última ley -considerada draconiana por el episcopado-, la que desata un profundo debate en la sociedad. No permitía la instalación en España de nuevas Órdenes religiosas sin la autorización del Ministerio de Gracia y Justicia. Y no se autorizaría ninguna Congregación que tuviese más de la tercera parte de sus miembros extranjeros.

Enseguida en Ourense, al igual que en otros lugares del país, la ciudadanía se divide, significativamente, en dos grupos irreconciliables. Uno, se manifiesta a favor de las reformas del Gobierno, y, otro, alentado por el episcopado, se pone a favor del clero. Canalejas, para rebajar la tensión, se declaraba católico practicante. Estaba convencido, sin duda, de que, para frenar el radicalismo de algunos sectores de la sociedad y de su propio Partido Liberal, urgía hacer reformas. Había que dar un cambio de timón.

La democracia moderna a la usanza de Bélgica, Inglaterra o Norteamérica, se imponía; con él o sin él. Hacía falta, por lo tanto, liberar al Estado de las ligaduras teocráticas, que, de alguna manera, asfixiaban la soberanía civil. Solo así, los españoles tendrían las mismas prerrogativas que tenía un ciudadano belga, un católico austríaco o un italiano en su país. Y, se podía hacer sin menoscabar los derechos del católico universal, e incluso, sin tener que reformar, de manera integral, la Constitución. La propia Carta Magna le permitía al ejecutivo adaptar la normativa, mediante reformas legales, a los nuevos tiempos.

Era evidente que el político ferrolano quería establecer una saludable división entre cristianismo y clericalismo. Y, efectivamente, cuando el 3 de julio de 1910 se produce en la capital de España la multitudinaria manifestación a favor del gobierno, la prensa afín a la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, la denomina “anticlerical”. Ante la sorpresa de que un gran número de ayuntamientos, le mostrase a Canalejas su adhesión, la oposición aprovechó aquel acto público para tildar las medidas de anticlericales.

Las damas de la Buena Prensa de Ourense, por ejemplo, presididas por Socorro Espada, calificaban de pérfido engaño las explicaciones que le daba el presidente a la duquesa de Bailén -presidenta nacional de la asociación-. Canalejas recurría a una paremia bíblica: “Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios”, para explicarle que lo que se dilucidaba era una cuestión política; no, religiosa. No obstante, existía una premisa que las convertía en juez y parte. Por supuesto que ellas estaban de acuerdo con dar al César lo que es del César, pero antes, había que dar a Dios lo que es de Dios -Rey de reyes-. Definitivamente, el dogma -la supremacía de la Iglesia sobre el Estado-, hacía imposible el consenso.

Su apoyo era incondicional a los 92 obispos. Pero estos pastores de la iglesia, al non possumus -no podemos- del Papa, le añadían el non praevalebunt -no prevalecerán- de Jesús, y, no cesaban de emitir mensajes sobre el peligro que corría la iglesia. Así, ni le sorprendía a nadie que hubiese sacerdotes, en la capital, como en Santa Eufemia de Centro, que usasen el púlpito para arremeter contra el gobierno -hubo feligreses, que denunciaron las imprudencias de predicador que sembraba la discordia entre los fieles-, ni, tampoco, resultaba incomprensible, que aquel ejemplo tendiese a ser imitado, en el rural, por otros compañeros de sacerdocio -el cura de Santa Cruz de Arrabaldo, mismo, llegaba a afirmar que el gobierno le quería quitar el sueldo a todos los curas-.

Las fake news sembraban sañudas maquinaciones sobre los propósitos anticatólicos que abrigaba Canalejas. De nada valía que el liberalismo más moderado se empeñase en repetir que las Reales Órdenes ni atentaban contra la religión católica, ni tampoco contra la Constitución. Los nuevos tiempos arroyarían a quienes no pusiesen barreras entre el poder civil y el espiritual. Y, en efecto, había católicos que veían que Canalejas, con clarividencia, se proponía evitar un sunami, entre dos bandos, que llevase al país al desastre.

De ahí que, el 10 de julio de 1910, una semana más tarde de la manifestación que se celebraba en Madrid, aquí, en la ciudad de las Burgas, los liberales monárquicos de José Ramos, la agrupación socialista -presidida, por Miguel Serantes-, el partido republicano progresista -liderado por Luis Diéguez-, el radical de Felipe Machín, la Unión republicana de Bernardino Temes y el Centro de Sociedades Obreras -encabezado por Álvarez Cid-, mostrasen, de manera categórica, su adhesión, con actos públicos, a las reformas de Canalejas. Los organizadores, calculando la superficie del trayecto, entre la calle del Progreso y la de Paz Nóvoa, cifraron una asistencia de 4255 personas. Pese a todo, el asesinato de Canalejas, truncaba las reformas, y, a la vez, era el pistoletazo de salida hacia lo que él, con su labor ministerial, había querido evitar: la guerra.