Ley Estatal de Vivienda: más habitaciones, menos hogares

Hay leyes que nacen con grandes promesas y terminan provocando el efecto exactamente contrario al anunciado. La Ley Estatal de Vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez es, probablemente, el mejor ejemplo. Se presentó como la solución para facilitar el acceso a una vivienda digna, proteger a los inquilinos y contener el precio de los alquileres. La realidad, sin embargo, está desmontando ese relato.

Los datos son incontestables. En Galicia, en 2023 se ofertaban 915 habitaciones en alquiler; en 2024 fueron 1.012; en 2025 ascendieron a 1.380, y solo en el primer semestre de 2026 ya se contabilizan 2.025 habitaciones en alquiler. En apenas tres años la oferta de habitaciones se ha duplicado, mientras desaparecen cientos de viviendas completas del mercado del alquiler. No es una casualidad, es la consecuencia de una política que ha convertido al propietario en el sospechoso habitual, aumentando la inseguridad jurídica, la incertidumbre y el intervencionismo. Cuando una ley transmite más riesgos que confianza, los propietarios reaccionan y el mercado también. Cada vez son más quienes abandonan el alquiler tradicional y optan por alquilar habitaciones, una modalidad regulada por el Código Civil que les ofrece mayor flexibilidad, más control sobre su inmueble y una protección que la actual legislación de vivienda ya no les garantiza.

Los más perjudicados vuelven a ser los de siempre: jóvenes que no pueden emanciparse, familias monoparentales con enormes dificultades para acceder a un alquiler y personas mayores que viven solas.

El resultado es demoledor. Donde antes vivía una familia, ahora conviven cuatro o cinco personas compartiendo cocina, baño y salón. Lo que el Gobierno vende como un derecho a la vivienda acaba convirtiéndose, en demasiados casos, en el derecho a alquilar una habitación. Los más perjudicados vuelven a ser los de siempre: jóvenes que no pueden emanciparse, familias monoparentales con enormes dificultades para acceder a un alquiler y personas mayores que viven solas. Compartir piso ya no responde a una forma de vida, sino a una obligación económica impuesta por un mercado cada vez más reducido.

Llevo tiempo advirtiendo de esta deriva. Las restricciones a la vivienda turística no han devuelto esas viviendas al alquiler residencial como aseguraba el Gobierno. Muchos propietarios han elegido otro camino: el alquiler por habitaciones, porque consideran que les ofrece más seguridad que la Ley de Vivienda actual.

Conviene recordar, además, que esta modalidad exige contratos muy bien redactados. Deben especificar la habitación objeto del arrendamiento, su duración, el precio, los gastos incluidos, el uso de las zonas comunes y el reparto de suministros para evitar futuros conflictos. La duración tampoco disfruta de las prórrogas obligatorias previstas para el alquiler de vivienda habitual, sino de lo que libremente acuerden las partes.

La conclusión resulta difícil de rebatir. Cuando una ley estatal reduce la oferta de viviendas, dispara el precio de los alquileres y multiplica las habitaciones disponibles, el problema no está en los propietarios, sino en una norma mal diseñada y peor ejecutada. La ideología nunca puede sustituir a la realidad, porque el mercado siempre encuentra una salida. La verdadera cuestión es si esa salida permite a los ciudadanos acceder a un hogar o los condena, cada vez más, a conformarse con una simple habitación. Estas son las verdaderas y únicas políticas de un Gobierno desnortado, y estas son sus consecuencias.