La ley de nietos

La medida cautelar del Tribunal Supremo paralizando la incorporación al censo electoral de los nacionalizados por la modificación administrativa de la llamada ley de nietos ha caído como un jarro de agua fría en el Gobierno. El presidente Sánchez y su ministro de justicia Bolaños se han apresurado a exigir al Alto Tribunal que tome una decisión cuanto antes, es decir, antes de las próximas elecciones, según clamaron los mandamases gubernamentales con gran beligerancia. Que la columna vertebral del Ejecutivo, incluido el destemplado ministro López, salga en sincronizada exigencia de forma tan vehemente y crítica contra el Estado de Derecho, plantea una pregunta inocente que tiene respuesta facilona: ¿Si el Gobierno no pretendía adulterar el censo por razones electoralistas, no le debería dar igual cuando resuelva el Supremo? O sea, que, si no había voluntad de “pucherazo”, como se ha acusado al sanchismo, no le tendrían que preocupar los plazos de cara a las generales y las municipales, supuestamente en el 2027, según el calendario engañifa de Pedro el candidato.

La disposición se publicó en el BOE cinco días después de que se aprobara la Ley

Por tanto, la respuesta va implícita en la pregunta pues, en efecto, esa sospecha de dopaje con la incorporación al censo de cientos de miles de votos en aplicación de la ley de Memoria era posible gracias a una orden administrativa dictada por la hermana del ministro Puente, Sofía, que cuando se produjo tal instrucción era Directora de Seguridad Jurídica y Fe Pública dependiente del ministerio de Justicia en 2022. La disposición se publicó en el BOE cinco días después de que se aprobara la Ley, lo que huele a “truño”, como dice el hermano tuitero, porque nunca una disposición de esta índole puede enmendar una normativa con rango de Ley. La orden administrativa permite que cientos de miles de extranjeros obtengan la nacionalidad española sin la necesidad de demostrar su condición de exiliados, tal y como exige la norma originalmente. De esta forma, se otorga la nacionalidad con derecho a voto a todos los descendientes de españoles que emigraron entre 1936 y 1955 del siglo pasado, sin necesidad de acreditar el exilio por causa de la Guerra Civil. Es decir, que quienes emigraron por razones económicas o de otro tipo se benefician de esta manga ancha chapucera y electoralista hasta disparar a más de 2,5 millones los expedientes de solicitud, lo cual puede desnivelar cualquier recuento electoral. Casualmente, hay pueblos en España con más votantes extranjeros que residentes sin pertenecer a esa circunscripción. Y sorprendentemente, la ley de nietos disparó en más de un 30 por ciento el censo de extranjeros que votan en Madrid, lo cual recurrirá Ayuso.

Las prisas del Gobierno por contar con el voto de los nacionalizados por la ley de nietos delatan la naturaleza e intencionalidad de la medida, y siembra dudas extensibles al voto por correo y la regularización masiva de inmigrantes. Parece que estas políticas gubernamentales confluyen en las urnas del futuro junto con las trampas cocinadas del CIS, cuando más necesita el sanchismo engordar su representación electoral acorralado por la corrupción, la invasión de Ceuta y otras sospechas.